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Editorial: El Caso Villarán

El pedido de prisión preventiva para la ex alcaldesa era previsible dada la envergadura de los indicios en su contra.

Editorial

Susana Villarán

En total, la ex burgomaestre habría recibido US$10 millones, provenientes de dos empresas para sendas campañas políticas.

El jueves, el fiscal Carlos Puma, del equipo especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial que varíe el impedimento de salida del país contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán por 36 meses de prisión preventiva.

El pedido resulta coherente con la forma en la que el Ministerio Público ha elegido conducir las investigaciones a otros políticos involucrados en trances similares –como Ollanta Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo–; estrategia que ha generado, recientemente, cuestionamientos en torno al uso de este tipo de medidas restrictivas. Dicho esto, la discusión sobre su pertinencia tampoco debe llevarnos a soslayar las circunstancias que han conducido a la ex alcaldesa a este punto: los graves indicios que la señalan como la receptora de millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar la campaña del No en el proceso de revocación del 2013 y la de la reelección al sillón municipal en el 2014.

Como se recuerda, en abril de este año, en el interrogatorio que le hizo el Ministerio Público en Brasil, el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata dio detalles sobre los pagos que realizó la empresa a distintos políticos con dinero proveniente de la ‘caja 2’ (dirigido a costear sobornos para obtener la buena pro en obras de infraestructura). Entre los mencionados, estuvo Susana Villarán. En aquella ocasión, el ejecutivo confirmó que aportó US$3 millones para la campaña para evitar la revocación de la ex alcaldesa. Dos tercios de este monto habrían sido entregados al publicista Valdemir Garreta y el resto a Jorge Castro, ex gerente general de la Municipalidad de Lima.

Barata, además, señaló que recibió una llamada de la señora Villarán, en la que le agradeció personalmente por el aporte. Una circunstancia que delataría que no solo estuvo al tanto de los pagos que la empresa realizó, sino que trató directamente con el mencionado ejecutivo para ese fin.

Por otro lado, según el expediente presentado por el fiscal Puma para solicitar la prisión preventiva (al que El Comercio tuvo acceso), la ex alcaldesa también habría recibido dinero de origen ilícito de la empresa OAS. Esta, al igual que Odebrecht, habría aportado US$3 millones a la campaña del No y, aparte, pagado US$4 millones para que Villarán procurase la reelección en el 2014.

En total, la ex burgomaestre habría recibido US$10 millones, provenientes de dos empresas para sendas campañas políticas.

Finalmente, el ingrediente adicional que agrava el caso de Susana Villarán (como sucede con otros involucrados en el Caso Lava Jato) es la posición en la que se encontraba cuando se realizaron los supuestos pagos. La ex lideresa de Fuerza Social era alcaldesa de Lima, próxima a ser sometida a un proceso de revocación, cuando la Municipalidad trabajaba con las empresas (con Odebrecht en Rutas de Lima y con OAS en el proyecto Línea Amarilla) que habrían costeado las campañas para que permanezca en el cargo. Una realidad que, además de exponer una preocupante indigencia ética, podría significar un crimen mayúsculo al tratarse de una funcionaria en pleno ejercicio de su cargo.

Así las cosas, si bien cabe cuestionar la pertinencia de que a una persona se le impongan 36 meses de prisión sin haber sido condenada –como hemos hecho antes desde esta página–, es importante no perder de vista los considerables cuestionamientos que pesan sobre ella. La situación de la ex alcaldesa responde a que los indicios en su contra han aumentado y con ellos la urgencia de que el Ministerio Público acelere el camino a una acusación formal.

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