Editorial: El fin de la fuga

Ayer, el Ministerio Público informó que Alejandro Toledo había sido detenido en Estados Unidos, en el marco del pedido de extradición que rige en su contra por el Caso Odebrecht. Como se recuerda, el expresidente afronta desde febrero del 2017 una orden de prisión preventiva en el Perú por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña a fin de otorgarle la concesión de los tramos II y III de la Iirsa Sur, licitada durante su gobierno.

Antes de todo, vale la pena enfatizar que esta detención no se traducirá necesariamente en un regreso inmediato del exmandatario a nuestro país. Pues, como se ha explicado con anterioridad, la extradición es un proceso largo que implica una serie de pasos que deben cumplirse minuciosamente a fin de que el implicado no pueda alegar luego algún vicio procesal (el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, ya ha adelantado, por ejemplo, que la vuelta del expresidente al Perú podría tardar hasta un año).

No obstante lo anterior, no deja de ser plausible que Toledo haya sido arrestado. Al menos no para quienes vimos en su actitud en estos últimos dos años y medio –en los que prefirió vivir como prófugo azuzando, inclusive, la fábula de una persecución política en su contra– a un individuo que desoyó el requerimiento de la justicia peruana y que evitó hasta el final regresar a rendir cuentas por sus actos al país que alguna vez le concedió el honor de ungirlo como jefe de Estado. Termina, así, una fuga que no deja de resultar paradójica si tomamos en cuenta que nos referimos a la misma persona que tan pronto ganó la segunda vuelta electoral en el 2001 prometió que no permitiría “que la impunidad vuelva” tras la corruptela de la década fujimorista y que construyó su candidatura en dicho año bajo los estandartes de la lucha por la democracia y contra la corrupción.

De más está decir que, de ser extraditado, el expresidente todavía tendría que afrontar un proceso ante las autoridades peruanas con todas las garantías que la ley le otorga. De eso se trata, precisamente, el ejercicio de una justicia a la que Toledo ha intentado eludir y burlar en todo este tiempo. Pero, la verdad sea dicha, existe un acervo de evidencias en su contra que permiten perfilar que el proceso que seguirá en nuestro país le resultará poco confortable.

Como se sabe, el líder peruposibilista afronta actualmente dos procesos –Odebrecht y Ecoteva– que, vistos en conjunto, dibujan un solo esquema criminal: una coima pagada por la empresa brasileña a cambio de adjudicarse una obra, que fue tamizada a través de cuentas de terceros cercanos a Toledo y ‘offshores’ creadas en Centroamérica, y que finalmente fue lavada a través de operaciones inmobiliarias hechas a nombre de su suegra, Eva Fernenburg.

Ahí están, por ejemplo, las declaraciones del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien sostuvo ante los fiscales peruanos que la constructora había sobornado a Toledo con US$31 millones para hacerse con los tramos II y III de la Iirsa Sur, y que, además, el expresidente habría recibido otro pago por adjudicarle el tramo IV de dicha vía a un consorcio integrado por Camargo Correa.

También la aceptación del empresario Josef Maiman de que se usaron sus cuentas para recibir el dinero pedido por el exmandatario. Así como las transferencias identificadas por la fiscalía peruana desde Odebrecht y Camargo Correa hacia cuentas relacionadas con Maiman, que, a su vez, sirvieron para alimentar a ‘offshores’ panameñas y costarricenses. Una cadena que tenía su último eslabón en Ecoteva, la firma que financió las millonarias inversiones inmobiliarias de la suegra de Toledo.

Es a la explicación de todo lo anterior, a lo que el expresidente trató de sustraerse en los últimos dos años. Ahora, sin embargo, la justicia parece comenzar a tocarle la puerta.
​