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Editorial: Polizón

Alejandro Toledo no tiene razones para pretender beneficiarse de la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Humala-Heredia.

Editorial

Alejandro Toledo es citado por Comisión Lava Jato para mañana

En un mensaje difundido tras la sentencia del TC en el Caso Humala-Heredia, el ex presidente Alejandro Toledo señaló: “los derechos humanos son de todos los ciudadanos y debemos respetarlos”. (Foto: Archivo).

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, por mayoría (cuatro votos contra tres), declara fundado el hábeas corpus del ex presidente Ollanta Humala y su cónyuge, Nadine Heredia, y anula el mandato de prisión preventiva que pesaba sobre ellos desde hace nueve meses, ha provocado tanto expresiones de respaldo como de crítica.

Más allá de los argumentos jurídicos desarrollados por el TC, era esperable la mixtura de reacciones de algunas figuras políticas sobre la excarcelación de la ex ‘pareja presidencial’, dependiendo de su proximidad o antagonismo hacia ella. Una de las manifestaciones que más sorpresa ha causado, sin embargo, ha sido la del ex presidente Alejandro Toledo.

“TC defiende la presunción de inocencia y debido proceso; su sentencia está escrita con tinta indeleble. Los derechos humanos son de todos los ciudadanos y debemos respetarlos”, escribió en Twitter el mismo día de la divulgación de la sentencia en tono celebratorio. No obstante, su inusitada vocación ‘garantista’ parece poco sincera y tanto más interesada, habida cuenta de que sobre él también pesan mandatos de prisión preventiva.

Esto último ha sido corroborado por sus abogados. El fin de semana pasado, uno de ellos, Roberto Su, ha afirmado que “con este fallo se nos allana el camino para presentar un nuevo hábeas corpus contra una detención preventiva que consideramos arbitraria”. Añadió su también defensor Heriberto Benítez que “se confirma que siempre fue un juez carcelero”, en alusión a Richard Concepción Carhuancho, quien meses atrás había dictado la orden de prisión preventiva y solicitado la captura internacional de Toledo.

A decir verdad, sin embargo, no se comprende bien el extraño optimismo en el ex presidente Toledo y su entorno.

En primer lugar, a Toledo se lo investiga por más delitos que a Humala y Heredia. En efecto, en el Caso Odebrecht, los delitos imputados, además del lavado de activos, son los de tráfico de influencias y colusión. Ello puesto que, según la declaración de los ex directivos de la constructora brasileña, el ex mandatario habría recibido US$20 millones en sobornos a cambio de otorgarle a Odebrecht la licitación para los tramos II y III de la carretera Interoceánica. En un proceso conexo y acumulado, se le imputan a Toledo los delitos de colusión y lavado de activos por favorecer a la constructora Camargo Correa en la concesión del tramo IV de la misma carretera. Y, además, sobre el ex presidente pesa otra imputación por lavado de activos por el caso Ecoteva.

Así también, si en el caso de Humala y Heredia existen serias dudas acerca de si la conducta desplegada por ellos durante las investigaciones podría entorpecer el proceso y el cumplimiento de una eventual sentencia (peligro de fuga), ellas se convierten en certezas en el caso de Alejandro Toledo. Desde el año pasado, pesan sobre Toledo dos mandatos de prisión preventiva y, luego, una solicitud de captura internacional. Sin embargo, el ex presidente se encuentra prófugo en abierto desacato a la justicia nacional, razón por la cual, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú declaró procedente, por unanimidad, el pedido de extradición en su contra, solicitud que también fue aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de este año.

Finalmente, el cúmulo de evidencias que pesan en contra de Toledo (entre las que se incluye el testimonio de Jorge Barata, las declaraciones de su ex amigo Josef Maiman, las irregularidades ocurridas durante la concesión de la carretera Interoceánica, y las innumerables contradicciones en las versiones de Toledo para justificar sus adquisiciones inmobiliarias, sin lograr proporcionar una explicación verosímil sobre el origen de sus fondos) hacen poco creíble el argumento de que la prisión preventiva dictada contra el ex mandatario no estuviera suficientemente fundamentada.

Así las cosas, parece que la nueva maniobra de Toledo y sus abogados de intentar ‘subirse al coche’ de la sentencia del TC en el caso de Humala y Heredia no es más que otro de los alharaquientos intentos de victimización a los que ya nos tienen acostumbrados.

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