Editorial El Comercio

La bancada de Acción Popular hizo el primer amago, pero luego, fiel a su vocación de comparsa de un gobierno que se derrumba por sus propios desaguisados, frenó la iniciativa: la idea de interpelar al presidente del Consejo de Ministros, , se les antojó de pronto a los legisladores de la lampa apresurada. “El congresista ha pedido una reconsideración”, manifestó días atrás la vocera alterna de ese grupo parlamentario, Karol Paredes. Y añadió que en una próxima reunión de la bancada analizarían la solicitud de Espinoza (quien, como se sabe, ha sido señalado por la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López como que cultivarían una relación cercana y obediente con el presidente ), por lo que la recolección de firmas que habían iniciado para ir adelante con la moción de interpelación había sido detenida.

Lo cierto, sin embargo, es que los motivos esgrimidos para impulsar la referida iniciativa siguen vigentes y, a juicio de diversos sectores de la opinión pública –entre los que se cuenta este Diario–, son suficientes para llegar incluso a la censura. A la lista de excesos y despropósitos cometidos por el ministro Torres de la que ya hemos dado cuenta en repetidas ocasiones , se han sumado recientemente los acontecimientos vinculados a la fallida de la semana pasada: una disposición que recortaba libertades ciudadanas sin dar razones valederas y que generó una reacción de protesta que acabó con muchos heridos e importantes daños a la propiedad pública y privada.

En ese sentido, , retomada ahora felizmente por la legisladora del Partido Morado Flor Pablo, busca obtener de parte del jefe del Gabinete y vocero del Gobierno explicaciones sobre esos hechos y sobre los supuestos informes de Inteligencia que habrían dado sustento a la decisión.

Es evidente, desde luego, que, si existieran, esas explicaciones ya habrían sido proporcionadas por el Ejecutivo, como una manera de paliar la catastrófica situación de desaprobación que enfrenta en todo el país. La de Ipsos-América TV, como se sabe, ha registrado que un 76% de los peruanos (es decir, más de tres de cada cuatro compatriotas) reprueba la gestión del profesor Castillo, mientras que un 63% de los encuestados le pide que renuncie. De manera que lo más probable es que el jefe del equipo ministerial no tenga argumentos para sortear el trance en el que pronto habrá de encontrarse.

No obstante, si bien las probabilidades de que Torres sea sometido a una interpelación lucen a estas alturas bastante altas, las posibilidades de que sea censurado son muy reducidas. Esto porque, aparte de las veleidades gobiernistas de los representantes de varias bancadas de la hipotética oposición, censurar a un presidente del Consejo de Ministros cuenta como una negación de confianza a todo un Gabinete. Un gesto que dejaría al actual Congreso a un paso de poder ser disuelto constitucionalmente por el jefe del Estado. Todo lo que haría falta para que tal escenario fuera posible sería una segunda negativa en el mismo sentido. Es decir, si procediera de la manera descrita, la actual conformación parlamentaria estaría gastando una de sus dos “balas de plata” y todo indica que esa no es una opción que la mayoría de sus integrantes esté dispuesta a contemplar seriamente.

Habida cuenta de la situación en la que se encuentra el país, sin embargo, esas reservas pecarían de insensatas y, en última instancia, de frívolas. Por un lado, por el hecho de que no resulta muy claro que, con los niveles de popularidad en los que está, la actual administración quiera exponerse a unas elecciones legislativas en las que saldría peor parada de lo que está. Y por otro, porque forzar al presidente del Consejo de Ministros que hoy padecemos a presentar su renuncia es una tarea urgente que no debe ser aplazada ni soslayada por quienes pidieron hace apenas un año el voto a la ciudadanía para representarla y defender sus intereses aun en las circunstancias más exigentes para ellos mismos.

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