Editorial: Todos los plazos se vencen

Han pasado casi siete meses desde que en esta página llamamos la atención sobre el hecho de que el 3 de junio de este año se extinguía el mandato de seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional (TC) y sobre la importancia de que el Congreso avanzase en la búsqueda de candidatos para reemplazarlos. Esto a fin de evitar que ocurriese lo que tantas veces ha sucedido: que ante el vacío que se produciría por la falta de nuevos integrantes, los magistrados en funciones tuvieran que prolongar su permanencia en el cargo para no dejar la importante tarea que le corresponde a ese órgano sin atender.

Parecía entonces que el tiempo no apremiaba, pero ahora el plazo se ha vencido y el TC enfrenta precisamente el problema que se debió anticipar.

Ayer, en efecto, la señora Marianella Ledesma y los señores Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Sardón, Eloy Espinosa-Saldaña y Ernesto Blume cumplieron el período para el que fueron elegidos miembros del TC sin que existan visos de que vayan a ser pronto sustituidos. La comisión especial formada para ese fin en el Congreso poco o nada ha avanzado en el proceso: salvo por el acuerdo de que esta vez la elección será por invitación, este se encuentra entrampado por una discusión acerca de la eventual inclusión de los portavoces de tres nuevas bancadas en la ya mencionada comisión.

Y si el consenso para definir esa situación se ha hecho difícil, es de imaginar lo complicado que podrían resultar luego los acuerdos necesarios para elegir a cada uno de los nuevos magistrados (una tarea que requiere, en cada caso, no menos de 87 votos en el pleno).

Con el número de representantes de cada bancada en mente, es obvio que en cualquier circunstancia la aritmética que haría falta para coronar exitosamente el proceso luciría improbable. Pero si añadimos a eso la actual crispación que existe en el Legislativo, lo improbable deviene prácticamente imposible.

Sucede que la cuestión de confianza por ser votada hoy en el Parlamento no solo enfrenta a la bancada mayoritaria y sus aliados con el Ejecutivo. También ha generado tensión entre aquella y los distintos grupos congresales proclives a respaldar al gobierno en el actual empeño o aquellos otros que, ignorando los impedimentos constitucionales al respecto, buscan aprovechar la ocasión para pugnar por una convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente.

¿De dónde, pues, podrían salir los 87 votos que habría que reunir seis veces para cubrir a la brevedad las plazas que tendrían que haber quedado libres a partir de ayer?

Parece, como decíamos, imposible; y sin embargo, el espinoso reto no puede ser soslayado por los 130 legisladores que en el 2016 nos pidieron a los ciudadanos que les permitiéramos representarnos. En el encargo para el que solicitaron nuestro voto estaba implícita la necesidad de llegar a consensos para solucionar trances como el presente y, en lugar de abocarse a ello, dejaron correr el tiempo. Y ahora los plazos se han vencido.

La responsabilidad que tienen por delante, además, no se agota en lograr los acuerdos para llenar las plazas sobre la base de un eventual cuoteo, pues ello sería reeditar el ejercicio que en anteriores oportunidades se ha calificado de ‘repartija’. Lo que debemos exigir de nuestros representantes es, más bien, que seleccionen a personas honestas, con el conocimiento adecuado de la materia acerca de la que se les pedirá ejercer un fino discernimiento y, sobre todo, dispuestas a defender la Constitución vigente. No es de otra cosa de la que se habla cuando se insiste en preservar la sucesión democrática y el Estado de derecho en el país.

A nuestro modo, los ciudadanos podemos hacer de esto también una cuestión de confianza en la que los evaluados son los parlamentarios de todas las bancadas.
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