Lo ocurrido la madrugada del domingo en Trujillo ha consternado al país entero. Que un comando armado pueda hacerse pasar por la policía para interceptar una camioneta, asesinar a cuatro personas y secuestrar a un empresario minero (que fue liberado ayer por la tarde) revela algo más grave que la brutalidad de un nuevo crimen: revela hasta qué punto el crimen organizado en La Libertad, presuntamente ligado a Los Pulpos, clan con tres generaciones dedicadas a la extorsión, el sicariato y la minería ilegal, ha perdido el temor a usurpar al propio Estado para operar. Frente a ese episodio, la respuesta del gobierno ha sido exigir que le aprueben las facultades legislativas que ha solicitado.
Lo ocurrido la madrugada del domingo en Trujillo ha consternado al país entero. Que un comando armado pueda hacerse pasar por la policía para interceptar una camioneta, asesinar a cuatro personas y secuestrar a un empresario minero (que fue liberado ayer por la tarde) revela algo más grave que la brutalidad de un nuevo crimen: revela hasta qué punto el crimen organizado en La Libertad, presuntamente ligado a Los Pulpos, clan con tres generaciones dedicadas a la extorsión, el sicariato y la minería ilegal, ha perdido el temor a usurpar al propio Estado para operar. Frente a ese episodio, la respuesta del gobierno ha sido exigir que le aprueben las facultades legislativas que ha solicitado.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, insistió este domingo en la “necesidad y urgencia” de esa delegación, remitida al Congreso el 28 de agosto. Nadie discute que un marco legal más ágil –para que la inteligencia opere, para declarar terroristas a las bandas y para que las Fuerzas Armadas actúen en los penales– sea deseable. Pero condicionar toda la estrategia de seguridad a que la Cámara de Diputados apruebe ese paquete es una apuesta riesgosa. ¿Qué pasa si el Legislativo retrasa el debate o lo recorta? ¿El Ejecutivo se queda de brazos cruzados? Un gobierno no puede depender enteramente de que otro poder del Estado le resuelva el problema que le compete gestionar desde el primer día.
Tampoco ayuda que el trámite arrastre desprolijidades. Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, envió un oficio ayer precisando que, entre los documentos remitidos, no figura el acta que acredite el acuerdo del Consejo de Ministros para otorgar carácter de “Muy Urgente” al proyecto, requisito exigido por el reglamento del Congreso. Reto trasladó la observación al Senado y se generó una demora innecesaria por error del gobierno.
Mientras tanto, la gestión diaria muestra huecos que no requieren ley habilitante alguna. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, admitió el domingo en “Cuarto poder” que visitó dos penales e hizo llamadas desde su propio celular, prueba de que los bloqueadores de señal siguen sin funcionar. Un mes es poco tiempo para desarmar estructuras criminales con décadas de arraigo. Pero es tiempo suficiente para activar un bloqueador de celulares o exigir a los penales que cumplan lo que ya la ley ordena. Eso no espera facultades: espera voluntad y ejecución.
El país no necesita solo un paquete de facultades por aprobar. Necesita ver, hoy, resultados concretos en las cárceles, en las calles y en las comisarías. “Vuelve el orden” fue el eslogan con el que Keiko Fujimori hizo campaña, ese orden prometido a más de un mes de asumir el cargo tiene ya que volverse una realidad.
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