La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el jueves otorgar facultades legislativas al Ejecutivo. Es, en principio, una buena noticia: después de semanas en las que una bancada insistió en el archivo total, primó finalmente un criterio mínimo de responsabilidad. El texto de consenso, impulsado por Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno, logró 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, y evitó que el pedido se archivara con el predictamen de Juntos por el Perú, que pretendía negarlo absolutamente todo.
Esto no le da al Ejecutivo razones para celebrar. De los 66 puntos que pidió el gobierno, se aprobaron apenas una veintena, y quedaron en pie solo dos de las ocho materias: seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño, y por un plazo recortado de 90 días. Lo que quedó afuera era importante y su exclusión revela una actitud mezquina.
¿Qué se perdió en el recorte? En primer lugar, la simplificación y el Estado digital: es decir, cambiar las reglas del procedimiento administrativo, la firma y las credenciales digitales. En segundo lugar, la meritocracia en el Estado, que incluía requisitos de idoneidad y salidas voluntarias con incentivo, lo más cercano a una reforma del servicio civil que este gobierno haya planteado. Asimismo, quedó fuera la mype, con la formalización voluntaria y el ‘factoring’, precisamente en un país donde más del 80% del empleo era informal. Por otro lado, tampoco avanzó el comercio exterior, que buscaba bajar costos y tiempos en aduanas y controlar las mercancías hechas con trabajo forzoso, en un momento en el que Europa ya aprobó cerrar su mercado a esos productos, un tema decisivo para un país exportador. Finalmente, se descartaron el agua y la vivienda, con subsidios cruzados focalizados y el destrabe de la vivienda de interés social. En definitiva, nada de esto era ideológico; todo respondía a una urgencia nacional.
Más grave aún: ni siquiera en seguridad se otorgó todo lo necesario. Quedaron fuera la capacidad operativa de la DINI, la participación de las Fuerzas Armadas en el control de los penales y la declaración de organizaciones transnacionales como terroristas, herramientas que le permitirían al gobierno elaborar una política seria contra el crimen organizado.
El Ejecutivo debe reconocer que meter todo en un solo paquete fue un error. Lo que corresponde ahora es presentar un segundo pedido, corto y sin temas que dividan –simplificación, meritocracia, mype, aduanas y agua– y perseverar hasta conseguirlo. No se trata de rendirse ante un recorte injustificado, sino de demostrar que, aun con una mayoría esquiva, hay voluntad para sacar adelante lo esencial. El camino está trazado; avanzar pese a las resistencias es, al final, lo que el país espera del gobierno.
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