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Editorial: La vida después del PTP

Restringir el acceso de los migrantes venezolanos al trabajo formal tendrá más costos que beneficios.

Editorial

Migración venezolana en frontera norte al máximo de su capacidad | FOTOS

Migrantes venezolanos esperan en el puesto fronterizo de Tumbes. (Foto: Johnny Aurazo/El Comercio).

Johnny Aurazo

Una de las falacias más extendidas de la regulación y de la política pública es suponer que el simple hecho de prohibir o normar determinada cuestión moldea la realidad a gusto del legislador; que el mundo real se debe adaptar a la nueva resolución ministerial o ley, y no viceversa. Así, no son pocas las ocasiones –como en las que se desenvuelven casi todos los mercados ilegales o informales– en que las fuerzas sociales o económicas terminan imponiéndose a la voluntad política de turno.

Esta es una lección que haría bien en revisar el gobierno ahora que se cumplió el plazo para que ciudadanos venezolanos puedan ingresar al país y tramitar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Como se sabe, solo aquellos venezolanos que lograron entrar al Perú antes del 31 de octubre pasado podrán solicitar la autorización para permanecer en el país en una condición distinta a la de turista y trabajar formalmente. El plazo para pedir el PTP se cumple el próximo 31 de diciembre.

De acuerdo con declaraciones del jefe de Estado, Martín Vizcarra, refiriéndose al arribo de venezolanos, “cuando llegaron los primeros 10.000 y 20.000 no había mayor inconveniente. Con más de 100.000 ya se notó, y al pasar los 200.000 se notó un efecto en el suministro de servicios que se requieren en salud y educación, y ahora hay medio millón”. “Hay que buscar el equilibrio entre la solidaridad y la posibilidad real de dar ayuda a ellos y a nuestros compatriotas”, indicó hace poco el presidente.

Es verdad que, dada la cantidad de migrantes que se ha recibido en el último año, algunos servicios públicos pueden verse presionados, al mismo tiempo que el mercado laboral lucha por absorber de la mejor manera la nueva mano de obra. Sin embargo, hacer más difícil la obtención de trabajo formal de parte de los nuevos migrantes traerá más costos que beneficios.

En primer lugar, porque –como la experiencia de varios países desarrollados demuestra– controlar efectivamente el flujo de migrantes que escapa de una situación desesperada no es nada fácil. Y con fronteras amplias, porosas y poco resguardadas como las peruanas, la tarea se pone cuesta arriba. Si el ingreso regular al país ya no da acceso a posibilidades de trabajo formal, da igual si se entra legal o ilegalmente, pues de cualquier modo, ninguno –ni inmigrantes legales e ni ilegales– tendrán acceso al PTP. Ello tendría consecuencias no solo económicas, sino también potencialmente de seguridad.

En segundo lugar, la falta de PTP no impedirá que venezolanos que han venido al Perú a “ganarse la vida” hagan precisamente eso. Lo que sí, los condenará a trabajos informales de baja productividad, en los que compiten directamente con los ciudadanos peruanos en posición económica más desventajosa –ganándose su desaprobación–, y en los que no puedan usar las habilidades y experiencia que traen desde su país de origen.

En tercer lugar, y vinculado con lo anterior, el costo de bloquear el acceso al mercado formal no es solo para el inmigrante, sino para la economía peruana que se priva de aprovechar adecuadamente los talentos, estudios o emprendimientos de los nuevos integrantes de la PEA. Según Migraciones, la mitad de los ciudadanos venezolanos en territorio nacional cuenta con título profesional, maestrías y doctorados en diferentes disciplinas. En vez de restringir su incorporación a la economía formal –y forzarlos a la informal– haría bien el gobierno en promover la convalidación rápida de títulos universitarios, el traslado de profesionales extranjeros a áreas en el interior del país donde se les requiera, y, en general, realizar esfuerzos para articular la nueva oferta laboral con la demanda por talento del sector privado nacional.

Regulaciones que parecen superponerse a la realidad –como decíamos al inicio– a veces no desaparecen la actividad que se proponían prohibir, sino que, en vez de ello, generan mercados opacos, menos eficientes, y con potencial para el abuso y la ilegalidad. Esta es una arista no menor de la nueva limitación a la obtención del PTP que el gobierno podría bien haber tomado en cuenta.

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