¡No al matrimonio infantil!

Mañana, el pleno tiene programado debatir el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos formulado a raíz de los proyectos de ley presentados por los parlamentarios Luis Aragón (Acción Popular) y Flor Pablo (no agrupada) para eliminar el matrimonio infantil en nuestro país. Se trata de una iniciativa que debe ser aprobada con urgencia y que podría darle a esta representación nacional un motivo por el que la ciudadanía los recuerde positivamente.

La historia se ha contado en repetidas ocasiones, pero vale la pena recordarla. Hasta 1999, el ordenamiento jurídico peruano estipulaba que la edad mínima para contraer nupcias era de 14 años en el caso de las mujeres, y de 16 en el de los hombres. En dicho año se promulgó la ley 27201 que determinó que la edad mínima para casarse sería de 16 años, indistintamente de si se trataba de un hombre o de una mujer, y siempre y cuando ambas partes manifestaran “expresamente su voluntad de casarse”. Este requisito, que se encuentra recogido en el artículo 241 del Código Civil, se halla vigente.

En el 2018, sin embargo, se emitió un decreto legislativo (el 1384) que buscaba regular la capacidad jurídica de personas con discapacidad en nuestro país, que modificó el artículo 42 del Código Civil para establecer que la capacidad plena de ejercicio alcanzaba a todo mayor de 18 años en nuestro país y “excepcionalmente” a los mayores de 14 “que contraigan matrimonio o que ejerciten la paternidad”. Esta redacción, además de colisionar expresamente con otro artículo del mismo cuerpo normativo, abrió la puerta para que jueces alrededor del país celebren matrimonios entre niñas menores de 16 años y hombres mucho mayores que ellas en los últimos años.

Según un informe publicado en mayo por la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (ECData), cada año se registran en promedio 27 matrimonios con menores de 16 años en el Perú. En los últimos 11 años, se han llevado a cabo 297 de estos. ¿Cómo es posible ello si hace apenas cinco años dicha posibilidad estaba proscrita por la ley?, se preguntará usted. Pues porque muchas de nuestras autoridades sencillamente optan por ignorar las leyes. De lo contrario, no se entenderían estos números ni cómo ha sido posible que, desde el 2012, el Reniec haya inscrito seis matrimonios que involucraban a menores de 11, 12 y 13 años; una posibilidad proscrita por la ley vigente y por las anteriores.

El dictamen que se verá mañana en el pleno busca ayudar a corregir esta atrocidad al dejar en claro –esta vez sin espacio posible para interpretaciones abusivas– que ninguna persona menor de 18 años puede contraer matrimonio en nuestro país, salvo excepciones muy precisas. Por supuesto, como hemos visto antes, este cambio normativo por sí solo no basta, pero es un punto de partida necesario para que, sobre él, nuestras autoridades empiecen a construir políticas destinadas a erradicar lo que en buena cuenta es un atropello encubierto.

Decimos esto porque en el país los matrimonios con niñas y adolescentes suelen ser formas de tapar episodios de violaciones sexuales, revictimizando a la agraviada, que se ve forzada, muchas veces por presión de sus familiares, a casarse con su agresor. Además de que un matrimonio a tan corta edad suele condenar a las mujeres a una vida dependiente de sus parejas, cataliza las deserciones escolares, frustra sus proyectos de vida y perpetúa un ciclo intergeneracional de pobreza. Todo esto, por cierto, está probado por estudios realizados no solo en el país, sino alrededor del mundo.

Esto, que suena muy evidente, no parece serlo tanto en el Congreso, donde legisladores como José Balcázar (Perú Bicentenario) han mostrado su oposición a este proyecto afirmando que, “mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”.

Ojalá que ninguno de sus colegas piense como él. Y que mañana los legisladores entiendan que tienen una responsabilidad con las niñas y adolescentes peruanas para corregir una situación que la realidad ha demostrado que solo sirve para esconder atropellos y seguir condenándolas a una vida de agresiones, pobreza e inequidad de género.