(Foto: Flickr Presidencia)
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Editorial El Comercio

Desde este espacio, hemos insistido en la necesidad de retomar un debate público que gire menos alrededor de la agenda política menuda del día a día y más en torno a las preocupaciones y necesidades del ciudadano común.

En ese espíritu, la presentación esta semana de la Política Nacional de Competitividad y Productividad () a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es sin duda una buena noticia. El documento –dividido en nueve objetivos priorizados que incluyen infraestructura, capital humano, innovación e institucionalidad– pone sobre la mesa la visión que, según el Ejecutivo, debería guiar las iniciativas que garanticen un crecimiento sostenido a mediano y largo plazo.

Desde generar nuevos instrumentos financieros hasta consolidar la reforma magisterial, pasando por la simplificación administrativa y la mejora de la cadena logística, la política nacional es un esfuerzo comprehensivo por entender y mejorar la economía nacional que se hizo extrañar en los últimos tiempos.

No obstante, existen dos fuentes de incertidumbre no menores sobre los alcances de lo presentado esta semana por el Ejecutivo. La primera es la conocida distancia que, en política, separa las palabras, las promesas y las buenas intenciones de las acciones concretas. La PNCP, después de todo, consiste apenas en diagnósticos y lineamientos aún generales sobre la ruta específica por tomar. Según el MEF, a mediados de año la PNCP debería dar lugar a un Plan Nacional de Competitividad (PNC), con propuestas detalladas e indicadores de monitoreo, que servirían para aterrizar lo ya expuesto.

En otras palabras, si bien la PNCP es un avance, aún está lejos de ser la hoja de ruta definitiva del Ejecutivo. Con tanto aún por desarrollar, ¿cuánto capital político querrá verdaderamente exponer la administración del presidente para avanzar en medidas difíciles, impopulares, pero necesarias? ¿Cuántos decretos supremos o propuestas de ley que se envíen al Congreso intentarán un cambio estructural, no de maquillaje, en la manera de hacer las cosas?¿Podrá el gobierno alinear las visiones de ministerios que tradicionalmente trabajan por cuenta propia y en ocasiones incluso de manera antagónica? Eso está por verse, pero si la discusión sobre la reforma laboral –en la que la voluntad política parece haber aminorado en las últimas semanas– es indicador de algo, las expectativas de avance no serían demasiado altas.

La segunda gran fuente de incertidumbre es el papel que el gobierno ve para el sector privado. Una revisión del PNCP y de las exposiciones realizadas por el Gabinete en la presentación de la política concede un espacio más bien secundario a los actores ajenos al sector público, como si la competitividad dependiera primordialmente de las decisiones de los ministerios y no de las empresas y de los trabajadores, quienes finalmente crean el valor. Aún hay oportunidad de corregir esta limitación, sobre todo recibiendo comentarios y sugerencias desde distintos frentes para su elaboración en los siguientes meses.

A pesar de la incertidumbre, como mencionábamos, la PNCP es un paso en la dirección correcta para empezar a poner los temas que valen la pena sobre la mesa y, quizá, incluso generar consensos que hagan los cambios sostenibles. Si logra cuando menos enfocar la agenda de discusión pública en los próximos meses sobre estos asuntos, esta será ya una primera victoria.