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Editorial: Tras cuernos, palos

El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia acumula tropiezos a raíz de problemas originados en su diseño.

Editorial

Consejo para la Reforma de Justicia

El presidente Martín Vizcarra dirige una de las sesiones del Consejo para la Reforma de Justicia, el pasado mes de mayo. (Foto: Sepres).

Foto: Sepres.

La reforma del sistema de justicia impulsada por el gobierno ha sufrido últimamente varios traspiés. El primero de ellos asomó cuando solo tres de los 104 postulantes a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobaron el examen de conocimientos planteado por la comisión especial encargada de seleccionar a sus integrantes (que, entre titulares y suplentes, debían sumar 14). Y luego alcanzó niveles de auténtica calamidad cuando Pedro Patrón Bedoya, el único de los tres aprobados que superaron las otras instancias de la evaluación, no pudo jurar el cargo por una controversia penal advertida a última hora.

No se había resuelto todavía ese trance cuando, días atrás, aparecieron nuevos problemas, relacionados esta vez con el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (cuyos miembros, en su mayoría, forman parte también de la ya mencionada comisión especial). Un claro escenario de aquello que el saber popular denomina: tras cuernos, palos.

Por un lado, el Tribunal Constitucional (TC) acordó no seguir participando de él a través de su presidente, Ernesto Blume; y por otro, el titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros, lamentó que el presidente de la República hubiese sido elegido para encabezarlo.
Mientras el TC justificó su decisión recordando que el artículo 201 de la Constitución señala que debe ser “autónomo, independiente y responsable del control de la Constitución”, Lecaros se limitó a apuntar que debería darse “otra imagen ante la opinión pública” eligiendo para presidir el consejo a la fiscal Zoraida Ávalos o a él mismo.

Pero quizás haya sido el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien mejor haya definido la naturaleza de la objeción a la que el presidente del Poder Judicial apuntaba. “No debieron exponer al presidente a presidir una comisión”, ha aseverado.

Lo desconcertante de las dos reacciones a las que nos referimos, no obstante, es que son bastante tardías. El consejo, efectivamente, ya tiene varios meses de formado y se ha reunido dos veces. ¿Cómo así, entonces, tantos de sus integrantes amanecen de pronto a estos inconvenientes? ¿Cómo pudieron convivir con ellos por tanto tiempo si, como sugieren, afectan asuntos medulares para su adecuado funcionamiento?

Los miembros del TC –y su presidente, en particular– sabían desde el principio que era fundamental para ellos preservar su independencia como órgano de control de la constitucionalidad de las leyes. En tanto que Lecaros tuvo que haber percibido la exposición a la que se estaba sometiendo al jefe del Estado desde el instante mismo en que fue elegido para presidir el consejo. Y las razones de cortesía o protocolo que ahora se esgrimen para justificar la inicial aquiescencia con su conformación y estructura no son atendibles.

Ha habido, evidentemente, un cambio de criterio en ambos casos, que habla de una ligereza en la evaluación del compromiso que cada uno de los actores estaba asumiendo al aceptar integrar el equipo de trabajo. Pero es importante, además, poner de relieve, que los problemas ya estaban en el diseño. Y en esa medida, hay en todo este desaguisado responsabilidades que recaen en el Ejecutivo.

No es serio comprometer e ilusionar al país con una reforma tan urgente y esencial para luego improvisar en la forma de sacarla adelante, avanzando por ensayo y error… y abundando en esto último. No solo se abre así flancos explotables por quienes quisieran que las cosas en ese sistema vuelvan a ser como eran, sino que se pierde la confianza de la ciudadanía en el proceso y se mella, de carambola, la reforma política que se debate en estos días en el Congreso, pues se hace a esta última sospechosa de la misma premura que se evidencia ahora en la primera.

Nada de esto quiere decir, por supuesto, que no creamos en la necesidad de reformar nuestro sistema de justicia. Al contrario, es precisamente por el papel medular que este desempeña en toda democracia y por lo urgente que se hace reestructurarlo en aras de blindarlo de los vicios que hasta hace poco proliferaban a escondidas de los ojos de la ciudadanía, que los responsables de llevarla a cabo no pueden darse el lujo de incurrir en desaciertos. Esperamos que, en esa línea, el discurso de Fiestas Patrias que dará pronto el presidente Vizcarra nos esclarezca cómo va a continuar el propósito que se trazó un año atrás y que, hasta ahora, no tiene muchos logros que ostentar.

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