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Editorial: La reforma de nunca jamás

Adecuar la representación política a las demandas ciudadanas es una promesa largamente incumplida por nuestros gobernantes.

Editorial

Martín Vizcarra

El presidente de la República, Martín Vizcarra, pronuncia un mensaje a la Nación desde Palacio de Gobierno, el pasado 12 de diciembre. (Foto: Sepres).

Sepres

El Ejecutivo oficializó hace tres días la creación de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política anunciada por el presidente Martín Vizcarra en su último mensaje a la nación, y con ello ha dado muestras de que no quiere dejar que sus preocupaciones en esa materia se queden en mero ejercicio retórico, como algunas veces ha ocurrido.

Que hay algo que no funciona en la relación entre representante y representado, tanto a nivel congresal como gubernamental y hasta partidario, es evidente desde hace tiempo en nuestro país y la alta tasa de desaprobación que, quinquenio a quinquenio, han venido cosechando los Parlamentos, presidentes y partidos políticos es prueba incontrastable de ello.

Por eso no existe administración que se inaugure sin aludir al problema y deje de ofrecer medidas al respecto. Luego, sin embargo, pasan los meses y lo supuestamente urgente va desplazando a lo importante de la agenda gubernamental, el tema cae poco a poco en el olvido y, tras cinco años, todo el ciclo empieza de nuevo… solo que frente a una ciudadanía cada vez más cansada e irritada con aquellos a los que, a regañadientes quizá, les ha endosado una vez más el voto.

No escapa a nadie, por supuesto, que, en parte, las trabas que encuentra cualquier iniciativa de este orden tienen que ver con el hecho de que estamos ante políticos elegidos enfrentados a la demanda de modificar las reglas de juego que tan eficaces les han resultado para llegar a donde están. Pero no hay que descartar tampoco el peso que puede haber tenido la ausencia de planteamientos orgánicos sobre el tema en el reiterado abandono de los afanes reformadores. Y es por esa razón, en consecuencia, que tampoco en esta oportunidad podemos estar absolutamente confiados en que por fin la reforma será acometida.

El presidente ha designado sin duda a un grupo de profesionales serios y entendidos en los asuntos a debatir y, como decíamos al principio, la velocidad en dar el siguiente paso en este sentido tras el referéndum sugiere una determinación saludable. Pero el marco trazado por el mandatario en su mensaje a la nación del 12 de diciembre para el encargo que recibirían los integrantes de la comisión ahora oficializada fue, en nuestra opinión, demasiado vago y general.

“Entre los muchos temas pendientes que abordará esta comisión, está la reglamentación del financiamiento de partidos políticos, la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial, entre muchas otras propuestas que puedan surgir del trabajo de la comisión”, fue prácticamente todo lo que el jefe del Estado puntualizó sobre el particular en aquella ocasión. Y es obvio que aquello constituye un menú de tareas disperso e insuficiente para merecer el ambicioso nombre que el grupo de trabajo ostenta.

Ni siquiera en los ítems propuestos, además, hay un planteamiento completo. A propósito de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, ¿se pretende acotar los casos en los que estaría vigente o suprimirla del todo?

Y en lo que concierne al voto preferencial, ¿se lo va a eliminar sin llevar adelante una reforma paralela de los procesos internos en los partidos para conformar las listas congresales? Como tantas veces se ha dicho, el remplazo eficaz del mecanismo que actualmente empodera a quienes más dinero tienen para poner en su campaña sería uno de elecciones internas presididas por la ONPE que definiesen el riguroso orden ‘de lista’ en el que los postulantes a una curul entrarían al Legislativo.

¿No sería esta, por otro lado, la oportunidad adecuada para siquiera discutir si el voto en todas sus encarnaciones –presidencial, congresal, municipal, etc.– debería seguir siendo obligatorio?

Del mismo modo, es claro que la responsabilidad de la tan postergada reforma política no es solo parlamentaria. El propio Ejecutivo, por ejemplo, podría colocar en el debate la posibilidad de suprimir ciertos ministerios (cuyas labores pueden, perfectamente, encomendarse a otras carteras o instituciones) para agilizar el movimiento del aparato estatal. Mientras que los partidos políticos no deberían esperar a un mandato legal para transparentar y hacer más democráticos sus procesos internos.

En fin, somos conscientes de que este catálogo de sugerencias es casi tan general y episódico como el esbozado por el presidente en el mensaje antes citado. Pero, claro, no es lo mismo llamar la atención sobre determinadas carencias de una iniciativa del Ejecutivo desde un editorial que tener la responsabilidad de orientarla desde la posición más elevada en la estructura del Estado y hacer que por fin se proceda con la reforma de nunca jamás.

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