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Editorial: Para adelante

Que el presidente tome la iniciativa en la reforma electoral es una buena señal.

Editorial

Martín Vizcarra

La semana pasada, el presidente Martín Vizcarra señaló a los medios de prensa que el retorno a un Congreso bicameral es una “reforma de mediano a largo plazo”. (Foto: Difusión).

Difusión

Una de las interrogantes en la opinión pública acerca del gobierno encabezado por el presidente Martín Vizcarra es si su administración emprenderá alguna de las reformas que el país tanto necesita. En ese sentido, es positivo que el mandatario parezca haber encontrado una causa en la que puede hacer un cambio: la reforma electoral. En una reciente entrevista en CNN, Vizcarra identificó tres puntos específicos en los que el Ejecutivo realizaría algunos planteamientos. Estos son el voto preferencial, la cifra repartidora y la bicameralidad.

Se trata, ciertamente, de asuntos de la mayor relevancia. En lo que respecta al voto preferencial, hemos mencionado en más de una ocasión en este Diario que aquella modalidad de elección de congresistas debilita a las listas partidarias y la responsabilidad que una agrupación política debe guardar en conformarlas. Por otra parte, no cabe duda de que el sistema actual de la cifra repartidora genera un problema de representatividad que debe ser corregido. El caso de las últimas elecciones parlamentarias en las que una agrupación política obtuvo el 39,8% de los votos válidos pero el 56% de curules en el Legislativo es una muestra de ello. Y en lo concerniente a la bicameralidad, la proliferación de leyes atropelladas, anecdóticas, sin reflexión ni coherencia con la Constitución y otras normas del ordenamiento, aconseja ciertamente un mejor filtro para la producción legislativa.

A ellos debería añadirse una reforma constitucional del sistema de elección parlamentario. La desafección que hoy gran parte de la población siente respecto de la clase política se explica también porque no se siente representada por las autoridades elegidas. Si un grupo más reducido de electores tuviera que votar por un solo congresista que lo represente en un distrito uninominal, se facilitaría la decisión de los votantes y también la supervisión de aquel representante que deberá rendirles cuentas.

Sin perjuicio de lo anterior, no debería olvidar el Ejecutivo que hay otros asuntos que, a raíz del Caso Lava Jato, han despertado la atención de la ciudadanía y su demanda por cambios.

Uno de ellos es el financiamiento de los partidos políticos, un asunto sobre el que ya ha legislado el Congreso, pero omitiendo dar los instrumentos de control suficientes para detectar prontamente a aquellos partidos que no cumplen con rendir cuentas sobre sus ingresos y gastos durante la campaña. Ni tampoco para imponer sanciones políticas a los candidatos y partidos infractores, o penales en los casos de mayor gravedad como el de ingreso de caudales ilícitos. Las multas pecuniarias que se judicializan y cuyo cobro se posterga han demostrado ser un desincentivo ineficaz para los infractores.

Complementando lo anterior, si en realidad se busca evitar los partidos “cascarón” y fomentar una democracia activa en las agrupaciones políticas, convendría también requerir que las autoridades como la ONPE necesariamente supervisen las elecciones internas, para que estas dejen de ser meros rituales en los que no existe ninguna competencia.

La lista de reformas electorales pendientes podría continuar, pero las ya mencionadas ayudarían a que las iniciativas que va a empujar el nuevo gobierno cuenten también con el necesario soporte popular. Lo que corresponde ahora es que el Ejecutivo liderado por el presidente Vizcarra fije posición, caliente motores y tome la batuta.

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