Editorial: Elegir no elegir

El pasado 1 de febrero, la bancada de Peruanos por el Kambio presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el artículo 31 de la Constitución para permitir que el voto sea facultativo. El fin de la medida es proscribir la obligatoriedad de la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, un planteamiento que en más de una ocasión hemos descrito como necesario desde esta página.

Sin duda la iniciativa responde a un principio clarísimo: ningún ciudadano debe estar obligado, en una democracia, a hacer uso de su derecho a participar en una elección, este debe tener la libertad de elegir si lo hace o no sin ser sancionado por ello. Esto de forma independiente a las razones que pueda tener para no acudir a las urnas, situación que en sí misma podría llegar a entrañar la expresión de una posición política con respecto al proceso electoral convocado (como por ejemplo manifestar que ninguno de los candidatos lo termina por representar).

La urgencia de una medida de este tipo es evidente si se toma en cuenta que la obligatoriedad del voto no ha demostrado ser una herramienta realmente efectiva para hacer que la gente participe en los procesos electorales. En el referéndum del 2018, por ejemplo, se registró 27,68% de ausentismo, y 19,57% en los comicios municipales y regionales del mismo año. Una circunstancia que revela que en la ciudadanía existe un grupo considerable de personas que preferiría no participar en las elecciones y que hoy está obligada a pagar una multa por tener esa posición. Un hecho que distorsiona la cualidad de “derecho” que debería tener el voto y lo transforma en una imposición.

La mencionada iniciativa, además, también puede resultar en el fortalecimiento de ciertas áreas fundamentales de nuestra democracia. En lo que respecta a los partidos políticos, que los ciudadanos no tengan la obligación de ir a las urnas a emitir un voto a favor de ellos va a generar que las agrupaciones se preocupen más por conectar sus propuestas con las necesidades reales de los ciudadanos y, también, por lograr que sus simpatizantes acudan en mayor número a los centros de votación que los de la competencia.

Al mismo tiempo, la convicción empezaría a ser la variable principal detrás de los votos y no el temor a un castigo por no emitirlos. En este escenario se hace más probable que aquellos que participen en un proceso electoral lo hagan informados y al tanto de lo que supone la decisión que están tomando. Esto sin duda reduciría la cantidad de personas que, con poca meditación detrás, decide por quién votar en el último instante.

En el mundo son pocos los países que obligan a sus ciudadanos a participar en las elecciones. Según Idea Internacional, apenas en el 13% de los países aún no existe el voto optativo y no en todos los que lo practican se castiga a los ciudadanos con una multa –lo que podría verse como un buen primer paso en caso el proyecto de ley en cuestión no prospere–. Una situación que debería servirnos para reflexionar sobre el sistema que nos rige, especialmente si consideramos que en países con democracias más sólidas los ciudadanos pudieron elegir no votar desde un comienzo.

Así las cosas, queda claro que el voto facultativo –con prescindencia de quién lo promueva– sería positivo para nuestro sistema democrático. Además, su implementación significaría, sobre todo, una victoria para la libertad individual y, así, para el derecho que tienen los ciudadanos a elegir no elegir.