La captura de la fiscalía

Ningún observador sensato y honesto podría sentirse a gusto poniéndose del lado incondicional de ninguno de los dos grupos que buscan imponerse en el Ministerio Público. Más allá de la discusión sobre formalidades legales, lo cierto es que el espectáculo de la última semana en la sede central de la fiscalía ha sido vergonzoso para el país. Demuestra hasta qué punto el Ministerio Público ha sido degradado a un instrumento para el control caprichoso y politizado de la acción penal a favor de los amigos y en contra de los enemigos.

Para algunos, sin embargo, este debacle significa más bien la oportunidad de jugar sus propias fichas en la captura institucional de la fiscalía. Así, no han sido pocos los congresistas que –con entusiasmo poco disimulado– han puesto manos a la obra para plantear una reorganización parcial o total del Ministerio Público. A la fecha, se han presentado al menos seis proyectos de ley en este sentido. Cuatro de ellos provienen de Perú Libre (PL), uno de Alianza para el Progreso (APP) y uno de Acción Popular.

¿Quiénes firman las iniciativas legislativas? Por ejemplo, Waldemar Cerrón (PL), uno de los autores del proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público, ha sido una fuente constante de ataques al sistema de justicia (y su hermano Vladimir, como se sabe, permanece prófugo). Américo Gonza, su colega de bancada y quien figura como autor en cinco de los seis proyectos de ley en cuestión, ha sido uno de los más interesados en minar la colaboración eficaz y mantiene serias acusaciones en fiscalía, incluyendo una acusación por dirigir una red que cobró sobornos por ascensos en la PNP junto al expresidente Pedro Castillo. Luis Cordero Jon Tay, de Somos Perú, quien firma el proyecto de Acción Popular, también debe defenderse de imputaciones fiscales, una de ellas por su supuesta participación en una organización criminal dirigida por Patricia Benavides, una de las personas en pugna por liderar el Ministerio Público. Las firmas siguen, y la carga de las acusaciones también.

En términos más generales, a menos de un año de las elecciones y con un Congreso tan desprestigiado, sería imprudente –por decir lo menos– impulsar desde el Legislativo la reorganización de una institución medular en el sistema de justicia. El riesgo de que la supuesta reforma se utilice para que grupos interesados capturen la fiscalía es alto. Y, aun si no fuese ese el caso, la legitimidad del actual Parlamento para acometer tamaña tarea es muy pobre. La fiscalía está, sin duda, en crisis, pero del actual Congreso se puede decir algo parecido.