Los muertos olvidados

Después de que el Perú tuviera un récord mundial de fallecimientos por el coronavirus, a pesar de un largo confinamiento, era necesaria una investigación fiscal con mínimos estándares de rigurosidad sobre las causas. De antemano sabemos que una fue el equívoco sistema empleado para diagnosticarlo. El gobierno de Martín Vizcarra decidió comprar pruebas serológicas, que eran rápidas y estaban disponibles en el mercado, en vez de las moleculares, que escaseaban y respondían más lentamente. Ya había fuerte evidencia científica de que las primeras no eran eficientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó las moleculares. ¿Cómo se resolvió el empleo de las rápidas? ¿Cuál fue su efecto en la tragedia? Estas son las principales interrogantes que debían responder las indagaciones.

En cambio, nos hemos metido en una discusión secundaria acerca de si estas pruebas inútiles fueron adquiridas mediante procedimientos idóneos para las compras estatales. No es que no deban comprobarse sospechas de colusión. Es que los indicios de que hubo un daño de mayores proporciones, concretamente contra la vida y la salud de los peruanos, no ha sido investigado desde esta perspectiva.

La discusión se originó por la decisión del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, de archivar la carpeta de la compra de las pruebas rápidas. Eran investigados Vizcarra y tres exministros de su Gabinete. Sobre la base de una denuncia de la exprocuradora Katherine Ampuero, la imputación sostenía que los gobernantes concertaron con las empresas vendedoras para defraudar al Estado. La escena principal se habría producido en una reunión en el MEF, el 18 de marzo del 2020. Estaban representantes de compañías farmacéuticas, las ministras de Salud y Economía con funcionarios de ambos sectores, más el presidente Vizcarra. Villena llegó a la conclusión de que allí no se concertó ninguna compra, como sostuvo la acusación.

El segundo descubrimiento del fiscal archivador fue que el decreto de urgencia que amparó las compras no especificó los requerimientos. En efecto, la norma no autorizó adquirir pruebas serológicas o moleculares. Así –concluyó Villena– ni Vizcarra ni los ministros firmantes estuvieron comprometidos con la operación. La decisión habría estado en niveles inferiores del sector Salud, en funcionarios cuyas responsabilidades no individualizó porque un fiscal de la Nación solo investiga a los aforados.

Cuando el análisis del magistrado descendió a los niveles donde se habrían decidido las compras, ofrece una descripción insuficiente. De acuerdo con el decreto de urgencia de Vizcarra, los requerimientos debía hacerlos el Instituto Nacional de Salud (INS), un organismo técnico, de investigación, dependiente del portafolio del ramo. Pero el INS no inició la cadena de compra ni justificó el pedido de pruebas serológicas. Actuó a instancias del ministerio. Concretamente, del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, cuyo director, Manuel Loayza, mencionó por escrito, por primera vez, qué tipo de pruebas debían emplearse. En un oficio a Omar Trujillo, jefe del INS, Loayza escribió: “Según las estimaciones se requiere como mínimo adquirir 1′401.883 pruebas rápidas y 350.471 moleculares”. Acto seguido, el INS hizo el pedido a Perú Compras, el ente estatal que realizó las contrataciones.

Todo ocurrió en 48 horas. El 18 se produjeron el Consejo de Ministros que autorizó el decreto de urgencia y la reunión en el MEF. El 19, Loayza pidió pruebas rápidas al INS y el presidente hizo el anuncio público. El 20, el INS hizo el requerimiento a Perú Compras, Hinostroza renunció y juró su reemplazante, Víctor Zamora.

¿Quién instruyó a Loayza? ¿En qué se basó para especificar la compra? La resolución no lo dice. Un informe del 2023 de la Comisión de Fiscalización del Congreso asume que la responsabilidad fue de la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, aunque esta negó enfáticamente a los congresistas tener algo que ver con la decisión. Es más: dijo que las pruebas rápidas causaron la muerte de miles de peruanos. En la fiscalía mantuvo la misma versión. El lado débil de sus argumentos es que el requerimiento para la compra se hizo durante su último día de gestión en el ministerio.

Según el informe de Fiscalización, Hinostroza relató que un grupo de trabajo creado por la Presidencia del Consejo de Ministros ejerció presión contra las pruebas moleculares bajo el influjo de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. Promovían, dijo, un pseudo modelo coreano sin base científica. Cuando las compras fueron aprobadas, una nota de prensa del MEF anunció que el gobierno había destinado S/100 millones para adquirir pruebas de diagnóstico del coronavirus “siguiendo las recomendaciones de la OMS y las mejores prácticas internacionales como las implementadas por Corea del Sur”. La versión de Hinostroza fue contradicha por Alva y Vizcarra, quienes sostuvieron que las decisiones provinieron del sector Salud.

En ese momento, las directivas del ministerio de Salud –alineadas con la OMS– solo consideraban pruebas moleculares para los diagnósticos. Por este motivo, Hinostroza arguyó que el decreto habilitante de las compras urgentes, que ella suscribió, era para pruebas moleculares y no rápidas. Ante la Comisión de Fiscalización, aseguró que se llevó una sorpresa cuando Vizcarra anunció en conferencia de prensa la compra y aplicación de las pruebas rápidas. Entonces –añadió– tomó la decisión de renunciar. Sin embargo, Vizcarra declaró que había removido a la ministra. El informe del Congreso no aclara la contradicción. Tampoco el de Villena.

Estamos, pues, ante un artífice encubierto de la compra de las pruebas rápidas. ¿Fue el presidente Vizcarra, influido o no por el MEF? ¿Fue la ministra Hinostroza? ¿Fue Loayza, el funcionario de tercera línea que envió la indicación al INS? La peor hipótesis es que Vizcarra vendió humo para sostener su popularidad.

No hubo ningún sustento técnico para comprar las pruebas rápidas. Fueron transgredidas disposiciones específicas del Ministerio de Salud para emplear las moleculares. Lo acreditan los informes del Congreso, del fiscal de la Nación y del organismo de control del INS. Los tres documentos presumen irregularidades en las compras. Pero solo la Comisión de Fiscalización encontró infracción de los gobernantes a sus deberes de proteger la salud de los ciudadanos y recomendó acusarlos constitucionalmente. En la lista figura Zamora, el sucesor de Hinostroza, quien cambió las directivas para habilitar normativamente las pruebas rápidas, y luego fue su propagandista, cuando eran aún más abrumadoras las evidencias del yerro.

La resolución de Juan Carlos Villena solo muestra interés en la legalidad de las compras, minimizando que los peruanos hayan sido bien o mal diagnosticados. Consideró la elección del tipo de prueba una opción entre políticas públicas y, en ese sentido, irrelevante que una exministra señale a otra exministra como instigadora del cambio de metodología. Aunque el tema de las compras no está del todo cerrado. La procuradora general del Estado y la denunciante Ampuero han solicitado revisar la decisión, insistiendo en que hubo delito de corrupción y hechos no valorados. De modo que el fiscal de la Nación volverá a pronunciarse sobre este extremo (y previsiblemente solo sobre el punto), mientras en el Congreso la congresista Patricia Chirinos impulsa una denuncia constitucional en su contra.

Para llegar a la verdad es necesaria una investigación adicional, de otro tipo. Debe estar encaminada a determinar si hubo una negligencia punible que causara pérdida de vidas humanas, lo que se conoce como homicidio culposo o involuntario. No es necesario que Juan Carlos Villena se haga cargo. Es un delito común, sin protección constitucional para los imputados. Puede ser asumido por una fiscalía provincial. Pero él debe tomar la decisión, luego de abandonar la dejadez con que abordó la revisión de los acontecimientos.