Una propuesta de elecciones

La aprobación de Dina Boluarte –según Ipsos y el IEP– solo alcanza a un quinto de los peruanos. En cambio, su desaprobación es de un aplastante 71%. En cuanto al Congreso, el rechazo es contundente. Se eleva al 80%. Es decir, los cuerpos representativos tienen una baja legitimidad, por lo que sus acciones tienen poca posibilidad de ser aceptadas. Para cualquier gobierno es difícil sostenerse así. La tensión y furia de las manifestaciones –con lamentables muertos y heridos y destrucción de propiedad pública y privada– deben ser canalizadas por un tránsito ordenado y constitucional. De lo contrario, esto puede llegar a un absoluto descontrol y fortalecer los extremismos con salidas antidemocráticas.

La única consigna unificadora es el adelanto de elecciones, pero ya no para abril del 2024, y el final del mandato recién para el 28 de julio del próximo año. Es decir, en año y medio; para los tiempos peruanos, un larguísimo plazo. Si hay acuerdo político, se podría elaborar un cronograma para realizar elecciones este 2023 y tener nuevo presidente y Congreso el 30 de diciembre. Esto sería posible si se fijara una primera vuelta presidencial para el domingo 15 de octubre y la segunda vuelta podría realizarse el domingo 26 de noviembre, teniendo unas seis semanas de transferencia del poder. De esta manera, la fecha última de presentación de candidaturas presidenciales y parlamentarias sería el 27 de junio y la convocatoria a elecciones podría realizarse incluso a inicios de junio. Esta propuesta permitiría, por lo tanto, ampliar la oferta electoral para que nuevos partidos se inscriban.

Para alcanzar esta fecha, se deben de sacrificar algunas importantes medidas, como suspender las elecciones primarias de los partidos. Pero, de la misma manera, tampoco se deben sustituir por las “internas” de los partidos, como sucedió con motivo de las elecciones del 2021 y del 2022, que resultaron ser un fracaso (8% de participación) y que tendría un impacto negativo en el cronograma propuesto, además de generarle un oneroso gasto al Estado.

Si bien el Congreso aprobó ya el adelanto de elecciones para abril del 2024, un acuerdo político puede destrabar el presumible obstáculo si se vota esta propuesta antes del 31 de enero y se ratifica, adelantando la siguiente legislatura, el 1 de febrero. Tendríamos así fecha cierta de elecciones y nuevos representantes a fin de año.

De inmediato, se deben de tomar medidas legales que permitan que este cronograma electoral se cumpla, como suspender el artículo de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) que impide modificar las leyes electorales un año antes de la elección, y el artículo que establece en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) que un candidato debe estar inscrito en un partido un año antes de la elección para poder postular. De la misma manera, suspender el artículo constitucional que señala que el presidente asume el mando el 28 de julio del año de la elección, por lo que el mandato sería de cuatro años y medio. Esto podría cambiar si, por alguna circunstancia, Dina Boluarte se ve obligada a renunciar y el presidente del Congreso debe convocar inmediatamente a elecciones.

No hay ningún escenario promisorio. Con un adelanto de elecciones estaríamos eligiendo representantes que nacen de reglas no reformadas. Estaremos pagando lo mal hecho y lo que no se quiso hacer, pero las elecciones son siempre una oportunidad, por lo menos para no seguir hundiéndonos en el doloroso entierro de más muertos.