Apoyar a Basombrío, por Franco Giuffra

Una de las escenas más patéticas de la lucha contra el crimen la protagonizaron hace diez años quienes entonces eran el ministro del Interior, Luis Alva Castro, y el director de la PNP, Octavio Salazar.

En medio de una ola de asaltos a clientes bancarios, instalaron unos puestos policiales de artificio en las cercanías de media docena de bancos. Pusieron unas mesas de playa con paño verde billar y sentaron a tres o cuatro policías.

Recuerdo las microondas de los noticieros cubriendo esa noticia. Los líderes de aquella “estrategia” recomendaban, a quienes iban a retirar dinero, solicitar previamente que un uniformado los acompañara luego a su casa. Para ofrecerles protección.

La chapucería de ese montaje y la imposibilidad absoluta de que esa “solución” pudiera extenderse a mayor escala generaban espanto. Toda esa payasada no duró más de unas pocas semanas.

Hemos tenido mejores y peores ministros del Interior desde entonces. Pero la guerra contra la inseguridad se ha perdido sistemáticamente. Uno de los dos o tres problemas más apremiantes del país, encomendados a políticos u oficiales sin preparación o voluntad de cambio.

¿Cómo se pudo descuidar esto tanto, por tanto tiempo? Empezando por la falta de continuidad. En los últimos tres gobiernos hubo en promedio siete ministros del Interior, uno cada ocho meses. Con eso nomás cualquier estrategia está condenada al fracaso.

Para ilustrarse en la dimensión del problema, invito a los lectores a repasar las 153 páginas del último boletín de “Estadísticas de seguridad ciudadana” que publicó el INEI el mes pasado. Basados en una muestra de 28 mil hogares urbanos en el ámbito nacional, los números presentan una realidad de espanto.

Uno de cada tres peruanos fue afectado por un hecho delictivo en el último año. El 10% de casas robadas o con intento de robo. El 14% de las personas víctimas de robo de dinero, cartera o celular. Un país invivible donde el 87% de los peruanos teme ser víctima de un delito en los próximos 12 meses.

Lo único positivo es que todos esos indicadores –y muchos otros– están mejor que en el primer semestre del 2016, por algunos puntos o décimas de punto. Algunas cosas han empeorado (robo con arma de fuego) y en otras seguimos igual (robo de vehículos). Pero la victimización y la percepción de inseguridad se han reducido.

Resulta difícil saber si todo es un logro de Carlos Basombrío. Pero hay que reconocer que ha emprendido cosas valientes, como la poda de oficiales para devolver estructura jerárquica y la captura de megabandas que incluían policías. Se ha atrevido a meter civiles a trabajos administrativos y a alquilar patrulleros para asegurar su mantenimiento. Lo del programa de recompensas ampliado, el bloqueo de celulares y la criminalización de la tenencia de armas ilegales parecen buenas iniciativas también.

Seguramente le falta hacer otras quinientas cosas y la mitad de las que ya hizo pudieron ser mejores. Quizá su gestión es regular (que no lo creo) y tal vez mañana mismo explota un caso terrible o se produce un crimen espectacular. Pero al día de hoy ya tiene resultados para mostrar.

La lucha contra la inseguridad es una tarea colosal que va a requerir lustros. Su éxito no depende solo de la policía. Pero en lo que toca al Ministerio del Interior, los políticos y ciudadanos deberíamos apoyar a Carlos Basombrío. Con lo que lleva hecho y con las primeras cifras que ahora tenemos, es claro que está haciendo un trabajo muchísimo mejor que lo visto en los últimos gobiernos