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Bienvenidos al ‘club’, por Andrés Calderón

“Es necesario aprovechar la tecnología y la información para diseñar instrumentos proactivos para combatir la corrupción y la colusión ahí donde más daño ocasiona”.

Andrés Calderón Abogado. Profesor de la Universidad del Pacífico.

Club de la construcción

“Nuestros concursos públicos deberían tener candados para evitar que un grupo de empresas y funcionarios hagan una farra con el dinero estatal”.(Foto: El Comercio)

“Por favor, deposite su primera coima en la siguiente cuenta internacional del hermano del ministro, a través de la empresa ‘offshore’ de su preferencia. Guarde la reserva del caso y disfrute nuestras instalaciones”.

La semana pasada tuvimos, como todas las semanas, exabruptos parlamentarios, mezquindades izquierdistas hacia la crisis venezolana, y denuncias de Yeni Vilcatoma a todo lo que se mueve. “Noticias” que difuminan la línea entre la sección de política y la de farándula. Sin embargo, también hemos conocido importantes detalles del ‘club de la construcción’.

En varias entregas, Karla Ramírez, periodista de la Unidad de Investigación de El Comercio, ha puesto luz sobre las declaraciones de dos aspirantes a colaboradores eficaces que han revelado los sobornos que constructoras nacionales e internacionales habrían pagado al entonces ministro de Transportes Carlos Paredes durante el gobierno de Ollanta Humala. A través de un esquema de rotación, las constructoras se repartían turnos para ganar las licitaciones de Provías, con el favor de altos funcionarios del gobierno, quienes recibían las coimas por medio de pagos en efectivo, transferencias desde ‘offshores’ y facturas por servicios ficticios.

Hay muchas cosas que aún no sabemos, sin embargo, como, por ejemplo, el listado completo de todas las obras que fueron objeto de repartición. También es necesario conocer cómo lograba ganar el concurso la empresa elegida por el ‘club de la construcción’. ¿Las bases de la licitación estaban amañadas? ¿Cómo impidieron que alguien ajeno al ‘club’ les ganara la buena pro? ¿Concursó solo una empresa y los demás integrantes del ‘club’ se abstuvieron? ¿O participaron varias para simular competencia? ¿Mandaron propuestas económicas demasiado elevadas o que no cumplían los requisitos mínimos?

Todas son preguntas trascendentales, no solo para terminar de entender el mecanismo de corrupción de las constructoras, sino para evitar nuevos ‘clubes’ en el futuro. Si la corrupción y la colusión fueron posibles, se debe, en parte, a nuestras fallas institucionales. Nuestros concursos públicos deberían tener candados para evitar que un grupo de empresas y funcionarios hagan una farra con el dinero estatal. También necesitamos herramientas para identificar oportunamente los indicios de colusión y otras irregularidades.

La gran base de datos de concursos públicos que actualmente posee el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) debería ser objeto de permanente análisis estadístico (‘screening’) por parte de las autoridades de competencia (Indecopi) y anticorrupción (Ministerio Público), para alertar sobre comportamientos sospechosos, como un incremento inusitado de precios, grandes diferencias entre la oferta ganadora y la segunda, empresas que reiteradamente ganan en ciertos concursos y pierden en otros similares, etc.

Gracias a este análisis, el Indecopi logró detectar y sancionar en el pasado a los cárteles de oxígeno medicinal y envases metálicos para lubricantes. A nivel internacional, existe abundante literatura que ha abordado experiencias exitosas en México, Suiza e Italia de la utilización de big data para la detección de cárteles en compras públicas. Un reciente estudio (Huber e Imhof, 2018) muestra un alto ratio de acierto en identificar casos de colusión en concursos públicos, a partir de una combinación de análisis estadístico simple (‘screening’) y algoritmos de ‘machine learning’.

La corrupción encarece los negocios en 10% y provoca un sobrecosto de 25% en las contrataciones estatales (OCDE). La colaboración eficaz, qué duda cabe, es una gran herramienta, pero no deberíamos depender solo de ella. Es necesario aprovechar la tecnología y la información para diseñar instrumentos proactivos para combatir la corrupción y la colusión ahí donde más daño ocasiona.

P.D.: No entiendo el despropósito de la avícola San Fernando de seguir discutiendo judicialmente uno de los casos más evidentes de colusión de precios y producción, sancionado por el Indecopi en 1997. Un sinsentido reputacional y económico pelear una multa que sacaron barata 20 años atrás.

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