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“Crímenes políticos”, por Andrés Calderón

Fuerza Popular intentó politizar la justicia y lo único que consiguió fue judicializar la política.

Andrés Calderón Abogado. Profesor de la Universidad del Pacífico.

Keiko Fujimori

"Estas acciones serán investigadas y juzgadas no por su (in)corrección política, sino por su infracción a la ley y la Constitución". (Foto: Lino Chipana/ El Comercio)

Archivo El Comercio

Uno puede argumentar jurídicamente que Keiko Fujimori sí cometió el delito de lavado de activos. También puede sostener que la conducta imputada a Keiko y Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) de recibir dinero de Odebrecht y ocultar su origen no califica como delito. Ambos puntos me parecen válidos en el debate. Lo que sí resulta una oda a la ignorancia (o al fanatismo) es afirmar que el proceso a Keiko –prisión preventiva incluida– es político.

La investigación del fiscal José Domingo Pérez ha sido prolija en la recolección de evidencias para sustentar que Fujimori y compañía recibieron dinero de Odebrecht y realizaron osados pero torpes esfuerzos para esconder su procedencia. Y fueron la propia Keiko y sus vasallos en Fuerza Popular quienes proporcionaron todas las armas para convencer a cualquier juez razonable de que esta agrupación estaba usando su poder político para obstruir un proceso judicial. Resultado: prisión preventiva.

Pero aquí no acaba el caso. La discusión trascendental se dará en la etapa intermedia y, eventualmente, en el juicio oral. Allí se definirá si Keiko, Yoshiyama y compañía conocían o debían suponer el origen ilícito de un aporte millonario y gratuito, premisa necesaria para un caso de lavado de activos. Se trata de un debate no acabado. Lo he conversado con varios penalistas a quienes respeto y todos coinciden al menos en ese punto: jurisprudencialmente, aún no se ha establecido un parámetro definitivo para presumir que determinado aporte sea de fuente ilícita.

Tan polémico es el asunto que tres instancias judiciales independientes no se animaron a rechazar la naturaleza potencialmente delictiva del ocultamiento de los aportes de Odebrecht en el 2011. ¿Cuándo? Cuando se dictó la prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia, y tanto la apelación como la casación fueron rechazadas.

Por eso, me causan gracia los “expertos” de Twitter que sueltan conclusiones contundentes ahí donde jueces y especialistas siguen discutiendo.

En opinión de este humilde columnista, y hasta lo que se conoce del caso, Keiko Fujimori debería salir libre por el delito de lavado de activos… pero sí debería responder por varios otros delitos que se le imputan. Y en esa cuerda floja se balancean otros miembros de Fuerza Popular.

No habría estado de más, entonces, que en esos cónclaves de política partidaria en Cieneguilla hubieran incluido unas cuantas sesiones de capacitación en derecho penal (y ética). Tipos penales como intimidación contra la autoridad, abuso de autoridad, rehusamiento o demora de actos funcionales, cohecho activo, tráfico de influencias, encubrimiento real, obstrucción de la justicia, falsa declaración en procedimiento y falsificación de documentos debieron entrar en el ‘syllabus’.

Quienes politizaron la justicia no fueron Pérez o Concepción Carhuancho, sino Becerril y Torres cuando pactaron sospechosas reuniones con el ‘hermanito’ Hinostroza, quien eventualmente vería el caso de Keiko. Fue Salgado, al amenazar (“no se está metiendo usted con cualquiera”) al fiscal Pérez mientras allanaba el local de Fuerza Popular. Fueron Figari, Letona, Bartra y demás ‘boticarios’ coordinando el blindaje a Chávarry e Hinostroza por una “cuestión de supervivencia”, como si fueran sus abogados defensores y no las autoridades que, se supone, debían analizar una acusación constitucional bajo el deber de imparcialidad.

Estas acciones serán investigadas y juzgadas no por su (in)corrección política, sino por su infracción a la ley y la Constitución. No es culpa de la ley que algunos políticos se comporten como si no tuvieran que rendir cuentas frente a ella. Como si la inmunidad durara para siempre. Fuerza Popular intentó politizar la justicia y lo único que consiguió fue judicializar la política.

A ningún país le conviene tener a sus políticos en la cárcel. Pero, menos aun, tener a políticos criminales fuera de ella.

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