La crisis de los espías, por Fernando Rospigliosi

Recién cuando se produjo otro monumental escándalo por la revelación de “Correo semanal” y cuando la primera ministra Ana Jara estaba nuevamente al borde de la censura, el gobierno tomó una medida concreta con respecto a la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia), al despedir a tres de sus principales directivos. La acción es insuficiente, pues deberían destituir de inmediato por lo menos a otra media docena de mandos comprometidos directamente en las operaciones ilegales que ha venido realizando ese organismo.

Antes solo habían hecho promesas que no se cumplieron: cerrar la DINI por seis meses, investigar los actos delictivos, nombrar una comisión de personalidades independientes.
La búsqueda de información realizada por la DINI a miles de ciudadanos, denunciada por Américo Zambrano en “Correo semanal”, confirma, por enésima vez, que esa institución está dedicada fundamentalmente al espionaje de políticos, periodistas, empresarios, funcionarios, etc. y no a los quehaceres que teóricamente debería cumplir.

El responsable de eso es el presidente Ollanta Humala, que ha nombrado como jefes a gente de su inmediata confianza –dos militares compañeros de promoción–, que es quien recibe directamente la información y, por supuesto, quien orienta la búsqueda, es decir, el que determina qué y a quién investigar.

Las indagaciones sobre propiedades de miles de personas que no son ni sospechosas ni delincuentes y que no tendrían que estar sujetas a investigaciones de un organismo de inteligencia es lo que se llama “información básica” y sirve para empezar a buscar pistas sobre el investigado. Después, según el caso, viene el seguimiento o reglaje, interceptación de las comunicaciones, etc.

El propósito es encontrar alguna irregularidad que pueda ser usada contra la persona para chantajearla o desacreditarla.

Es lo mismo que hacía Vladimiro Montesinos en la década del 90. Hoy sus discípulos militares siguen ese camino, solo que con menos habilidad y en el contexto de una democracia que permite airear públicamente esas transgresiones.

Según los registros de la DINI, a mí me empezaron a investigar el 24 de agosto del 2011, apenas instalado Humala en el poder. Siguieron el 9 y 29 de marzo del 2012, etc. y luego a mis familiares más cercanos.

Yo me enteré de eso por fuentes confiables y lo denuncié a mediados de mayo del 2013. La reacción del gobierno fue negarlo todo y ordenar a la Dirin (Dirección de Inteligencia de la policía) que me siguieran (incluyeron luego a Carlos Basombrío y Gino Costa) para averiguar con quién me reunía, quién me visitaba, etc. Querían identificar mis fuentes de información. 

El reglaje empezó el lunes 20 de mayo del 2013. El 29 de mayo fueron intervenidos por el serenazgo de Miraflores en el Parque del Amor dos de los agentes que me vigilaban. Uno escapó, pero la mujer fue llevada a la comisaría y se identificó. El domingo 9 de junio “Cuarto poder” hizo la denuncia pública.

El gobierno, con gran cinismo, negó todo. Los ministros Juan Jiménez, Pedro Cateriano y Wilfredo Pedraza hicieron una conferencia de prensa donde me insultaron, mintieron descaradamente y trataron de encubrir las operaciones ilegales. 

En esa ocasión, escribí: “En conclusión, la vasta operación de encubrimiento montada por el gobierno, con la complicidad de varios ministros, es una pésima señal. No se van a detener.” (“La República”, 16/6/13).

La impunidad alienta el delito. Como se ha demostrado ahora, no se detuvieron y siguieron espiando a personas incómodas y a su propia gente. Los ayudó la complicidad de algunos individuos y organizaciones, incluidos el periodista Gustavo Gorriti y la ONG IDL, que me acusaron de haber inventado el espionaje y avalaron completamente la patraña del gobierno, tomando únicamente la versión de los victimarios, es decir, de los espías, coadyuvando así al encubrimiento y de esa manera favoreciendo la continuación del espionaje. Ellos en el 2011 habían participado entusiastamente en el lavado de imagen de Humala, acusado de graves violaciones de los derechos humanos y de ser un candidato con un entorno montesinista claramente identificable.

Es de esperar que esta vez la presión de la sociedad civil, los medios de comunicación, los grupos políticos e incluso personas honestas en el gobierno logren paralizar el aparato de espionaje ilegal y posibilitar que se inicien las investigaciones que, obviamente, solo tendrán consecuencias a partir de agosto del 2016.