Cuestión de desconfianza, por Enzo Defilippi

Un profesor que tuve decía que, en políticas públicas, uno puede tener la razón técnica, pero solo puede decir que tiene la razón cuando tiene la razón política. Temo que, en el caso de la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero, el gobierno no tiene ni una ni la otra.

A estas alturas, es bastante claro que fue un error suscribir esta adenda. No por ‘purismo’ técnico, como afirma un colega, sino, sobre todo, porque va contra la ley. Como señalé en una columna anterior, la causal para suscribir la adenda desapareció al convertirse el Estado en financista. Y si en vez de pagar en quince años por un aeropuerto ya construido, el Estado se ha obligado a hacerlo al contado y adelantando dos años el primer pago, es imposible argumentar que se mantienen las condiciones originales del concurso. La ilegalidad es tan obvia que el contralor ya lo dijo sin necesidad de esperar el informe final de su investigación.

El argumento de que esta adenda es beneficiosa porque le ahorra al Estado el pago de intereses es absurdo. Tanto que si fuese cierto, todos los que tomamos una hipoteca seríamos unos tontos, pues nos hubiésemos ahorrado los intereses pagando al contado. ¿Lo somos? No. Pagar intereses tiene sentido porque nos permite vivir en una casa que no terminamos de comprar. Además, si fuese cierto lo que dice el MTC, no convendría hacer ninguna asociación público-privada (APP). Ni una.

El gobierno tampoco parece tener la razón política. Como señala una encuesta publicada por el diario “Gestión”, el 76% de los cusqueños está en desacuerdo con esta adenda. Peor aun, el 90% piensa que fue motivada por un hecho de corrupción a pesar de que no existe ningún indicio que lo sugiera. Y si uno escucha a los congresistas de la bancada oficialista, se dará cuenta de que ni entre ellos hay voluntad para apoyar al gobierno en este tema.

¿Qué explica esta situación? En mi opinión, la conducta recurrente del régimen: tomar decisiones primero (¡hasta comunicarlas!) y medir las consecuencias después. En efecto, independientemente de la discusión técnica, era perfectamente predecible que en medio del escándalo Lava Jato cualquier decisión controversial con respecto a una APP iba a ser minuciosamente analizada, más aun cuando el ministro involucrado es el primer vicepresidente de la República. También estaba cantado que la infeliz coincidencia de que la hermana del primer ministro haya sido gerenta de la empresa concesionaria iba a ser usado como argumento político. Al parecer, nadie pensó en esto antes de firmar una adenda en esos términos.

Para remate, el presidente Kuczynski ha adelantado que haría cuestión de confianza de un eventual pedido de censura al ministro Vizcarra. Es decir, en medio de una discusión que no tiene cómo ganar, sin apoyo popular o el de su propia bancada, el gobierno podría pedir al Congreso que le reitere su confianza de que está manejando adecuadamente el país. Y si no la obtiene (lo más probable), tendría que pagar las consecuencias que no quiso asumir cuando se censuró a Jaime Saavedra, pero sin obtener la legitimidad que ganaba al defender a su ministro más popular ante una censura que muchos consideraban injusta

Decisiones que inspiran confianza. Seguro.