No culpen a las APP, por Enzo Defilippi
No culpen a las APP, por Enzo Defilippi
Enzo Defilippi

A raíz de los sobornos que habría pagado Odebrecht para adjudicarse la Interoceánica, mucha gente está empezando a poner en duda la bondad de las asociaciones público-privadas (APP). Creo que es un error. 

Las APP son beneficiosas por muchas razones. La más obvia es que, al requerir que los concesionarios financien privadamente una concesión, permiten construir infraestructura pública aun si el Estado no cuenta con los recursos para hacerlo. 

Las APP no facilitan la corrupción. Al contrario, los corruptos probablemente prefieren las obras públicas, ya que así pueden hacerse del botín apenas terminada la construcción. En una APP, en cambio, el concesionario recibe su remuneración a lo largo de 20 o 30 años. De hecho, es probable que las empresas que pagaron coimas hace 10 o 15 años aún no las hayan ‘rentabilizado’. 

Tampoco es cierto que el marco legal que regula las APP sea inadecuado. De hecho, el peruano es de clase mundial, como lo confirma que el Perú sea el único país no miembro de la OCDE que ha podido adherirse a sus principios para la gobernanza pública de las APP. 

El problema, entonces, no es la calidad de las leyes, sino su cumplimiento. Y no me refiero solo a los casos de corrupción como los de la Interoceánica, sino también a otros en los que no hay razones para sospecharlo. El de la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero, por ejemplo. El gobierno ha desnaturalizado la concesión convirtiéndola en obra pública a pesar de que el marco legal prohíbe hacerlo. 

En efecto, el reglamento de la ley de APP establece que durante los tres años siguientes a la firma de un contrato de concesión solo se pueden suscribir adendas por tres causas: para corregir errores materiales, para precisar aspectos operativos que impidan la ejecución del contrato, o para hacer posible el cierre financiero del mismo (derivado de la operación de endeudamiento privado). El MTC argumenta que la adenda se enmarca en esta última situación, pero eso es imposible. El Estado va a financiar ahora las obras que antes se iban a financiar privadamente, por lo que ya no habrá cierre financiero. Y con la desaparición de este cierre financiero desaparece también la causal para suscribir la adenda. 

Pero eso no es todo. En las situaciones en las que sí es necesario firmar adendas, el reglamento dice, explícitamente, que deben mantener el equilibrio económico financiero y las condiciones de competencia del concurso. Sin embargo, mediante esta adenda el Estado está asumiendo riesgos y costos que antes asumía el concesionario, ahorrándole así decenas de millones de dólares. De hecho, hasta le va a dar un adelanto de US$50 millones para capital de trabajo. Y ni aun así le ha exigido reducir sus tarifas o la duración del contrato. ¿Puede alguien argumentar, razonablemente, que se está manteniendo el equilibrio económico financiero o las condiciones originales de competencia? Que va. Ni la interpretación legal más imaginativa puede justificar la cuadratura del círculo.

Como vemos, la culpa no la tienen las APP ni las leyes que las regulan, sino una institucionalidad tan débil que permite a nuestros gobernantes tomar decisiones contrarias a nuestros intereses. ¿Queremos un mejor país? Empecemos por allí.