¿Debe PPK reducir el IGV?, por Iván Alonso
¿Debe PPK reducir el IGV?, por Iván Alonso
Iván Alonso

Economista

El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski propuso en su campaña reducir en tres puntos porcentuales la tasa del impuesto general a las ventas (IGV), una medida cuyo objetivo declarado era ayudar a formalizar la economía. Como fue observado en su momento, el costo de esa propuesta sería una caída de más de ocho mil millones de soles de recaudación, prácticamente duplicando el déficit fiscal. Por eso nos parece muy sensata la variante ensayada por el futuro ministro Alfredo Thorne, de reducir primero el IGV en un punto, nada más, y condicionar posteriores reducciones al cumplimiento de determinadas metas de recaudación.

¿Cuál debería ser esa meta? Como mínimo, ya que el ministro en espera ha declarado su “compromiso total” con la disciplina fiscal, debería mantenerse la recaudación total del IGV en el nivel alcanzado en el año 2015, que fue de 51.668 millones de soles. Dicho de otra manera, los casi 2.900 millones que se perderían con la reducción de un punto tendrían que recuperarse ampliando la base del impuesto. Cosa que no va a ser fácil.

La reducción de la tasa induce a las empresas formales a realizar –y declarar– más transacciones, compensando parcialmente la pérdida de recaudación. Al bajar el IGV de 18 a 17 por ciento, una parte de esa reducción se traslada a los precios que paga el consumidor. (No le crea usted a un economista que le diga lo contrario). El consumidor, en consecuencia, compra más. Si el volumen de transacciones aumenta en la misma proporción en la que caen los precios, se recuperará, en el mejor de los casos, 500 millones de recaudación.

Los otros 2.400 millones tendrían que salir del combate a la evasión. Dudamos de que sea posible. Hay una idea generalizada de que se recauda muy poco IGV. Pero un cálculo rápido, en el reverso de un sobre, como quien dice, nos hace pensar que no es así. Claro que la Sunat puede tener el suyo y más sofisticado aún.

El producto bruto interno (PBI) peruano se compone en un 60% de gastos de consumo, un 15% de gastos corrientes del gobierno y un 25% de inversión pública y privada. De los primeros, probablemente la tercera parte está exonerada (alimentos frescos y demás). De los gastos corrientes del gobierno, más de la mitad son remuneraciones, que no están sujetas a IGV. Y las inversiones, si bien pagan IGV, también generan crédito fiscal; por lo que, a la larga, se eliminan de la base imponible.

Todo lo cual resulta en que esta última no debe de exceder los 300.000 millones de soles y que, a lo sumo, podrían recaudarse 54.000 millones de IGV, no mucho más de lo que ya se recauda. La evasión no parece llegar ni a los 2.400 millones. Allí están incluidas, si las cifras del PBI son fidedignas, las transacciones no declaradas de las empresas formales y casi la totalidad de la producción de las informales. Ni siquiera una victoria aplastante sobre la evasión y la informalidad garantiza que se cumpla nuestra meta hipotética de mantener la recaudación del IGV al nivel del 2015 para dar paso a una segunda reducción de un punto en la tasa.

Tarde o temprano, creemos, el gobierno entrante va a tener que afrontar la pregunta que se le hizo durante la campaña: ¿qué gastos va a tijeretear para que la reducción de la tasa del IGV, sea un punto o sean tres, no aumente el déficit fiscal? Seguro que hay muchísimo por recortar.