No lo voy a extrañar, por Franco Giuffra

Lo políticamente correcto en estos momentos es defender al titular del Ministerio de Educación (Minedu). Sea por librar una batalla contra la arbitrariedad del fujimorismo, por salvar los principios de la Ley Universitaria o por asegurar que no se pierdan los avances en los indicadores de calidad educativa.

El asunto se ha vuelto tan empalagoso como un suspiro a la limeña. Todo el país está en vilo por esta cuestión, como si la suerte de la patria pendiera del curso que tome esta crisis ministerial. 

Me parece un exceso. Seguramente hay cosas muy cuestionables sobre la forma como ha procedido la bancada opositora, como también debe haber errores en la gestión del Minedu que han servido de razón o de excusa para suscitar una interpelación y eventual censura. Pero no creo que el país se pierde al garete si el señor Saavedra se va a su casa.

Por lo demás, para los que defendemos los principios del libre mercado en materia educativa, no será esta una pérdida muy sentida. El ministro Saavedra no ha sido un liberalizador, sino todo lo contrario.

Durante su gestión, se han mantenido o acrecentado los controles y restricciones estatales hacia la actividad privada. Con el facilismo de que no se puede jugar o lucrar con la educación, el Minedu ha continuado ahogando a los empresarios.

Hoy sigue siendo extremadamente difícil abrir un colegio, modificar horarios, incluir nuevos cursos, alterar las horas dedicadas a una materia. Todo tiene que ser aprobado por el ministerio. Sin recibir mayor valor a cambio, los colegios privados están obligados a cumplir con una tonelada de reportes e informes que seguramente ningún burócrata lee o utiliza.

Luego están las exigencias de infraestructura. Por ejemplo, las aplicadas a locales de educación inicial, a los que se ha impuesto decenas de páginas de ocurrencias reglamentarias. Ancho de pasillos, altura de manijas, orientación de patios en relación al movimiento solar, y doscientas cosas más que ningún nido o jardín de infancia podrá cumplir, salvo quizá en San Isidro.

Nada ha hecho el ministro Saavedra por acercar esas marcianadas a la realidad peruana. Las ha preservado y nutrido durante su mandato, como si los estándares de Alemania pudieran aplicarse a Juliaca.

Además de sofocar la iniciativa privada a nivel inicial y escolar, el ministro Saavedra ha sido complaciente con la cuestionable Ley Universitaria. No solo con sus componentes de supervisión de las “universidades-garaje”, sino con varias de sus disposiciones intervencionistas. Aunque ha declarado que esa norma tiene excesos que se podrían corregir, nunca ha hecho mayor cosa por proponer cambios concretos para mejorarla.

Mi impresión es que el ministro no cree en el mercado. Por el contrario, debe pensar que el país está mejor si el control burocrático del Estado vigila todo y aprueba todo, no solo lo referido a la educación pública sino también respecto de la educación  privada. Una visión que no se condice con la modernidad y con las exigencias de experimentación y adopción de otros modelos educativos que rompan con el tradicional esquema memorístico y la típica relación “profesor que sabe” y “alumno que escucha”.

El Minedu ha seguido siendo la policía política de la educación privada. Como estábamos en la época de Velasco. Si uno cree que la inversión privada es fundamental para cerrar la brecha de infraestructura y calidad educativa, la salida de Saavedra no debe ser ocasión para llorar.