Ilusiones fiscales, por Carlos Adrianzén

Luego de un inicio bastante bueno en el que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han dado muestras de responsabilidad (salvo por un pecadillo menor: La Oroya), el otorgamiento de las facultades legislativas al Ejecutivo pasará a ser uno de los temas de fondo en los días venideros. En esta materia, el plano fiscal ocupa un rol crucial. No solo por la usual importancia de las prácticas de financiamiento del gasto estatal, sino por la alicaída situación fiscal heredada por la administración Kuczynski.

En dicho contexto, es importante resaltar que hoy no solo resulta importante concentrarnos en la foto el 28 de julio pasado –en cuanto al tamaño del déficit fiscal se refiere–, sino en toda la película. Es decir, en el crecimiento del gasto y de la deuda pública y el decrecimiento generalizado de la recaudación tributaria de todos los tributos e ingresos corrientes del erario. No solo debemos tener en consideración que la recaudación tributaria anualizada se encuentra por debajo del 15% del PBI a junio del 2016 o que el déficit fiscal ya supera el 3,3% del PBI, sino que las dos tendencias de deterioro resultan definidas a pesar de que en los últimos meses del gobierno anterior la escala del gasto del Gobierno Central en dólares se redujo moderadamente (alrededor del 5%).

Pero si de este antecedente existe algo que merece especial consideración, es la evidente ineficacia de la acumulación del déficit para inducir un mayor dinamismo económico. En los últimos tres años, la reducción de los términos de intercambio fue moderada, el déficit acumulado del Gobierno Central alcanzó los S/25.317 millones y, como la negativa evolución de las importaciones de maquinarias y la recaudación tributaria contrastan, estamos lejos de recuperarnos.

Soy consciente de que resaltar esto hoy no resulta nada popular. Tal como sucedió en los aciagos días de la alianza Apra-Izquierda Unida de mediados de los ochenta, muchos desean aferrarse al camino fácil. Quieren incurrir en un déficit fiscal supuestamente reactivador como si se tratase de una cura milagrosa para evitar tomar acciones concretas. Pero, al igual que en ese entonces, los hechos y las tendencias nos muestran lo contrario y lo que realmente ocurre.

Así pues, en medio de la solicitud de abdicación condicionada de facultades legislativas al Congreso, hoy algo nos debe quedar claro a todos: la iniciativa la tiene el Ejecutivo. Las responsabilidades, en cambio, son compartidas.

Aun así el Ejecutivo opte por ya no reducir el IGV –posiblemente su iniciativa más lúcida–, se dice que desean elevar la presión tributaria a alrededor del 2%. Es decir, elevar impuestos a los agentes formales (tras haberse dado cuenta de la deplorable situación fiscal heredada del gobierno anterior). Aquí el Legislativo deberá tener en cuenta que elevar la presión tributaria a la minoría formal no beneficiará a nadie. Por el contrario, deprimirá la inversión y las exportaciones al erosionar la competitividad local. 

De otro lado, si además planteasen endeudarnos colocando bonos soberanos por un monto de US$6.000 millones para gastar más con un dólar controlado, la cosa sería más complicada todavía. Nótese que la mejor razón que se esboza para sostener que debemos endeudarnos es “porque no estamos endeudados”. Algo parecido a sostener que debemos suicidarnos porque aún no estamos muertos. Si además se solicitase debilitar las reglas fiscales vigentes –ya bastante relajadas, diría incluso un keynesiano–, aquí también el Legislativo deberá ser cauto. 

Resulta difícil de imaginar qué recibiría el próximo gobierno si se deja que hoy se inicie una explosiva farra fiscal.