(Foto: Archivo El Comercio)
(Foto: Archivo El Comercio)
Andrés Calderón

Jefe del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico

Dedicado a Paco, Chucky y Aaron

Denunciar un escándalo es noticia. Aclarar que no hay ningún escándalo no lo es (¡Feliz día del periodista!, por cierto).

La semana pasada, varias personas –incluyendo alcaldes y periodistas– denunciaron que los malvados del Indecopi habían decidido cerrar veterinarias municipales, condenando a perritos y mininos a la selva de la sobrevivencia llamada parque Kennedy. Más malos que Cruella de Vil en “La noche de las narices frías”.

Pero ni el Indecopi había mandado a clausurar veterinarias ni tampoco había dispuesto que los municipios no hagan nada por los cachorros. Se trataba, más bien, del inicio de un procedimiento de competencia desleal por infringir la Constitución (vigente desde 1993) y la ley (desde el 2008) que recogen el principio de subsidiariedad. En sencillo, este principio ordena que el Estado (sea gobierno central, regional o municipios) no se ponga el disfraz de empresario cuando existan privados que pueden hacerlo, de forma más eficiente además, asumiendo sus propios riesgos y sin desperdiciar el dinero de los contribuyentes. También exige que sea una ley del Congreso la que apruebe cuándo el Estado puede emprender una aventura empresarial (¡Hola Petroperú!).

Al amparo de estas normas, el Indecopi ha visto casos de universidades estatales que vendían pollos a la brasa y alquilaban estadios, municipios que operaban camales, y sí, también el caso de una veterinaria municipal (denunciada en el 2013 por el Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima), que infringía la ley y la Constitución. O sea que gran novedad tampoco era. Lo que faltaba era hacer un poco de investigación.

Ahora viene lo bueno… e impopular (pero no por ello menos correcto, ¿no?). ¿Podrían ordenarle a una municipalidad que cierre su veterinaria? Sí. No recuerdo haber leído una ley que declare de interés público la creación de veterinarias municipales (si lo repite tres veces, arriesgado lector, aparecerá un Yonhy con proyecto de ley en mano) y sí recuerdo haber visto veterinarias privadas cuando he ido a Ventanilla y San Borja, por mencionar los distritos que han aparecido en medios estos días. Finalmente, eso se determinará en el proceso que recién empieza ante el Indecopi.

Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que las municipalidades no puedan hacer nada por las mascotas y sus dueños, en caso la oferta privada disponible sea inaccesible para los bolsillos de muchas personas y si los recursos de las comunas lo permite (recuerden que en seguridad, salud y educación, por ejemplo, sí hay una obligación constitucional que deben atender primero).

Se han mencionado ya, por ejemplo, las campañas temporales de atención, vacunación y desparasitación que algunas municipalidades emprenden exitosamente con la colaboración de médicos voluntarios, veterinarias privadas y albergues. Asimismo, en lugar de invertir en la infraestructura, planilla y logística que demanda montar una veterinaria, podrían los municipios –por dar una idea– subsidiar la demanda y otorgar vouchers de consumo o descuento (pagaderos por la municipalidad) a los vecinos para que ellos acudan a la veterinaria de su preferencia. La municipalidad gasta menos, los vecinos y animales reciben la atención necesaria, y las mejores veterinarias se mantienen (y así no dependemos del “buen ánimo” de un alcalde ni de que sobre la plata en la billetera municipal) y compiten en igualdad de condiciones por la preferencia de los vecinos.

Quizá solo alguien pierde: el alcalde que no puede tomarse la foto pal’ Face con los cachorros y publicitar su compasión por los animalitos y su desprendimiento financiado con dinero ajeno.

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