La lamentable y súbita partida del congresista Hernando Guerra García ha vuelto a poner a la salud pública en el centro del debate. El énfasis se ha dado, sobre todo, en las falencias: falta de médicos, pésima gestión, horarios irracionales. A fin de cuentas, no deja de ser escandaloso carecer de atención médica básica por estar fuera del horario laboral.
La pandemia había desnudado ya las serias limitaciones que el país arrastraba en este ámbito. El Perú fue el país con la mayor cantidad de muertes per cápita cuando el COVID-19 arreció: 180 mil hasta finales de mayo del 2021, según cifras oficiales. Un informe reciente de EC Data graficaba que, lamentablemente, la lección ha sido nula (30/9/2023).
Como si fuera poco, la inestabilidad política y las pésimas decisiones tomadas por algunos gobernantes han hecho que, entre el inicio de la pandemia en el Perú (marzo del 2020) y la actualidad, la cartera de Salud haya tenido 11 ministros.
Pero hay un tema de gran relevancia que aún está ausente en la discusión: la salud preventiva. De hecho, ya la pandemia había mostrado dos tipos de paciente, que mostraban distinta reacción al virus y que, por lo general, requerían un abordaje diferenciado: los que presentaban alguna vulnerabilidad y los que no.
La salud preventiva implica una aproximación temprana al paciente. De hecho, significa acercarse al ciudadano antes de que sea paciente: para conocer las principales características que tiene su organismo y que podrían significar alguna condición que valga la pena conocer.
Un examen preventivo suele evaluar temas tan básicos como el nivel de hemoglobina, el peso, la presión arterial, la cantidad de azúcar o el nivel de creatinina, para conocer eventuales casos de anemia, obesidad o sobrepeso, afecciones coronarias o cardíacas, tendencia a presentar diabetes y afectaciones al riñón, respectivamente. Ello, sin contar los hábitos de alimentación, el consumo de tabaco o drogas y la actividad física.
En todos los casos, conocer una afección en la etapa inicial permite evitar llegar a situaciones extremas. En el caso de afecciones renales, por ejemplo, es básico impedir situaciones que conduzcan al paciente hacia la hemodiálisis, un procedimiento muy doloroso y, además, costoso.
La evaluación temprana evitaría muchas de las muertes que se presentan como súbitas: a fin de cuentas, como se dice en el medio médico, “nadie muere sano”. Por extrema que pueda parecer una situación particular, solo una condición preexistente la convierte en un riesgo mortal.
La salud preventiva tiene menos atención que la construcción de hospitales o la dotación de médicos, pero es cuando menos igual de relevante que estas. Una nota de la OMS reseña un estudio de la organización y destaca que la gran mayoría de las muertes en naciones de rentas baja y media-baja “pueden prevenirse mediante una serie de 16 medidas de eficacia probada”, entre las que se encuentran “el uso de medidas costeables para reducir el consumo de tabaco y el uso nocivo del alcohol, mejorar la dieta, aumentar la actividad física, disminuir los riesgos de enfermedades cardiovasculares y diabetes, y prevenir el cáncer de cuello uterino”. Según el informe reseñado, estas medidas podrían evitar unos siete millones de muertes y generar ahorros por US$230.000 millones hasta el 2030 (OMS, 13/12/2021).
¿Por qué entonces no empezar a apostar de manera más decidida por acciones de esta naturaleza? No se requiere una ley especial para hacerlo. Lo único que falta parece ser lo de siempre: decisión y objetivos claros. La responsabilidad abarca no solo al Estado o al proveedor privado de salud, sino también a la sociedad civil organizada (gremios, colegios profesionales, grupos de ayuda mutua), la academia, los centros de estudios y, sobre todo, al ciudadano consciente.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Local US
