“Estos arreglos hacen que Google sea el buscador preinstalado en el 99% de los teléfonos estadounidenses, lo que le permitiría mantener una participación de entre el 80% y el 90% del mercado de búsquedas por Internet”. (Foto: Pixabay).
“Estos arreglos hacen que Google sea el buscador preinstalado en el 99% de los teléfonos estadounidenses, lo que le permitiría mantener una participación de entre el 80% y el 90% del mercado de búsquedas por Internet”. (Foto: Pixabay).
Enzo Defilippi

Profesor de la Universidad del Pacífico

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El martes de la semana pasada, el Departamento de Justicia de los demandó a por supuestamente en el mercado de búsquedas por Internet.

De acuerdo con la demanda, esta empresa usa su poder de mercado para excluir a sus competidores bajo dos modalidades. La primera, condicionando el licenciamiento de su sistema operativo Android a la preinstalación exclusiva de Chrome, su navegador de Internet cuyo buscador por defecto es Google. Bajo los términos de estas licencias, ningún competidor puede hacer lo mismo, ni pagando por ello. La segunda, pagándole a alrededor de US$10 mil millones al año (el 30% de sus utilidades) para que Google sea también el buscador por defecto en iPhones, iPads y Macs. Estos arreglos hacen que Google sea el buscador preinstalado en el 99% de los teléfonos estadounidenses, lo que le permitiría mantener una participación de entre el 80% y el 90% del mercado de búsquedas por Internet.

Google LLC ha respondido sosteniendo que no hace nada malo. Que la exclusividad le permite recuperar los costos de desarrollo de Android (que licencia gratuitamente) y que los pagos que le hace a Apple no son muy diferentes a los que hace cualquier empresa a un supermercado para que sus productos ocupen un lugar preeminente en los estantes. Además, que con un par de clics cualquier usuario puede cambiar el buscador por defecto en su teléfono.

En mi opinión, estos argumentos son ciertos, pero no implican que lo que viene ocurriendo sea correcto o deseable. Por un lado, porque bajo los principios de libre competencia, quienes detentan una posición de dominio (y es prácticamente imposible que este no sea el caso) no tienen la libertad que tiene una empresa cualquiera para suscribir contratos de exclusividad, ya que el poder de mercado tiene el potencial de convertir esas exclusividades en exclusiones. Y de eso es precisamente de lo que están acusando a Google LLC: de erigir barreras de entrada al mercado con el fin de prevenir el surgimiento de competidores potenciales.

Por otro lado, porque sí, cualquiera puede cambiar el buscador por defecto en su teléfono, pero la evidencia indica que pocos lo hacen. De acuerdo con la Comisión Europea, que en el 2018 multó a la empresa estadounidense con US$5.000 millones por realizar las mismas prácticas, Google representaba el 95% de las búsquedas en los teléfonos que usaban Android, pero menos del 25% en los que usaban el sistema operativo Windows (donde el buscador por defecto es Bing). Es decir, importa, y mucho, cuál es el buscador que viene preinstalado en los teléfonos. Además, si no fuese así, ¿le pagaría Google LLC a Apple el 30% de sus utilidades anuales por mantener este privilegio? Naaah.

Este juicio llega tarde (dos años después de la multa de la Comisión Europea) y es probable que el apuro por presentarlo dos semanas antes de las elecciones responda a cálculos electorales; pero, a mi entender, es lo correcto. Internet y la telefonía móvil han cambiado tanto nuestras vidas, y tan rápido, que no nos hemos detenido a pensar si las estructuras y los incentivos que mueven los mercados digitales son los correctos. Quizás haya llegado el momento de hacerlo.