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Ordenamiento territorial, por Iván Alonso

El ordenamiento territorial no garantiza un máximo de bienestar económico ni las más altas tasas de crecimiento.

Iván Alonso Economista

Ordenamiento territorial, por Iván Alonso

Ordenamiento territorial, por Iván Alonso

Cómprese usted uno de esos rompecabezas que tienen cortada en bajorrelieve la silueta del mapa del Perú y veinticinco piezas de colores que representan los 24 departamentos y la provincia constitucional; trate de encajarlos de norte a sur en orden alfabético; y, de pronto, el concepto de ordenamiento territorial adquirirá delante de sus ojos un nuevo sinsentido.

El Ministerio del Ambiente define el ordenamiento territorial como “un proceso técnico, administrativo y político para la toma de decisiones concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y [el] uso sostenible del territorio”. Nadie, al parecer, podría estar en desacuerdo con una definición esculpida así, con tanto esmero, como para deslumbrar a los escépticos.

Pero ¿qué significa una “ocupación ordenada”? Se trata, en esencia, de establecer qué actividades económicas estarán permitidas y qué otras no lo estarán en las distintas partes del territorio nacional, de acuerdo con las “potencialidades” y “limitaciones” de cada una, con el objetivo de alcanzar un desarrollo “sostenible”.

La sostenibilidad ciertamente es una idea que está muy de moda, pero que necesita ser revaluada. Una actividad puede no ser sostenible y, sin embargo, rendirle al país mayores beneficios que otras que sí lo son. ¿Por qué debemos renunciar, digamos, al desarrollo de una mina que produzca un beneficio neto de US$10.000 millones en 20 años de vida útil para preservar un cultivo que pueda sostenerse de aquí a la eternidad, pero que apenas genere US$10 millones anuales? En valor presente, que es como miden los economistas los costos y beneficios que ocurren en distintos momentos del tiempo, no hay punto de comparación. Podemos tener una genuina preocupación por la distribución de los beneficios netos en uno y otro caso; pero eso no hace de la sostenibilidad el criterio económico más adecuado para juzgar los usos del territorio.

En cuanto a las potencialidades y limitaciones del mismo, no son características fijas e inmutables, sino que van variando de acuerdo con el estado del conocimiento y las condiciones del mercado. ¿Qué era la uña de gato antes de que se descubrieran todas las propiedades curativas que se le conoce actualmente? ¿Queremos realmente obligar al dueño de una parcela designada para uso agrícola a cultivarla, así haya indicios de la existencia de un campo de gas en el subsuelo o la creciente cercanía a los suburbios aumente la potencialidad de un desarrollo inmobiliario? Los beneficiarios inmediatos del ordenamiento territorial pueden terminar siendo sus mayores enemigos.

La idea de que un proceso técnico, administrativo y político –sobre todo, político– dé como resultado decisiones acertadas con respecto a los usos económicos del territorio es una quimera. La autoridad podrá escuchar a todas las partes interesadas y sopesar sus argumentos, pero inevitablemente se guiará más por las consecuencias políticas de sus resoluciones, en términos de votos o nivel de aprobación, que por sus efectos económicos. Como sucede con otros tipos de planificación centralizada, el ordenamiento territorial, que no es sino una planificación de la geografía de las actividades económicas, no garantiza un máximo de bienestar económico para la población ni las más altas tasas de crecimiento de la renta nacional. 

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