¿A tu partido le pagó Odebrecht? (2), por Andrés Calderón

“Si recibiste plata de Odebrecht, eres un corrupto”. En esta frase puede resumirse la hipótesis con la que gran parte de la opinión pública –cierta prensa, incluida– viene abordando el Caso Odebrecht.

La semana pasada, en esta columna, planteé la impopular idea de no condenar a toda persona que hubiera trabajado para Odebrecht; a diferencia de quienes, dolosa o negligentemente, hicieron posible la corrupción de la constructora brasileña. Esta vez, quiero sostener el aun más impopular argumento de no prohibir el financiamiento de empresas privadas a partidos políticos.

Algunos políticos –incluidos algunos extraviados oficialistas– han exigido en los últimos días la renuncia de la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada, por haber dirigido una ONG (creada por el ex mandatario Alejandro Toledo) que recibió financiamiento de Odebrecht.

Si extendemos el razonamiento, ¿qué suerte le esperaría a Ollanta Humala, quien, según medios brasileños, habría recibido US$3 millones en aportes de Odebrecht para su campaña electoral del 2011? ¿Y qué se podría decir de Susana Villarán y Alan García, quienes durante sus gestiones municipal y presidencial percibieron donaciones “en especies” (la arena de La Herradura y el Cristo del Pacífico) por S/125.000 y US$830.000, respectivamente?

Estas y otras contribuciones que seguramente han pasado bajo el radar deben ser investigadas. Del solo aporte, sin embargo, no se puede concluir (aunque sí sospechar) que se trate de una retribución anticipada por ilícitos favorecimientos posteriores. Pero mucho menos, a partir de un caso de corrupción, se debe generalizar e inferir que cualquier financiamiento político por parte de un empresario lleva implícito un quid pro quo corrupto.

Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, ha propuesto en estas páginas, por ejemplo, prohibir que capitales extranjeros financien campañas electorales. ¿Acaso la corrupción solo se importa? ¿Qué diferencia a un narcotraficante del Callao de un minero ilegal de Madre de Dios o de un constructor corrupto de Sao Paulo cuando se trata de influencias indebidas en la política?

Es necesario recordar algo muy poco advertido entre nuestros académicos y políticos locales: el financiamiento político es una forma de libertad de expresión. Lanzar arengas en un mitin, colgar un póster apoyando a un candidato en el frontis de una casa y pagar una publicidad en televisión nacional son todas manifestaciones de expresión política, protegidas constitucionalmente. ¿Por qué una empresa no podría ejercer este derecho como lo hacen individualmente sus accionistas y trabajadores? Para los interesados en el tema, les recomiendo leer las sentencias First National Bank of Boston vs. Bellotti y Citizens United vs. FEC de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Mucho se reclama un mayor compromiso “social” de la empresa privada (nacional y extranjera): que participen del debate público en temas importantes como la libertad de orientación sexual o el descanso por maternidad y paternidad, que sus gremios sancionen públicamente y expulsen a las empresas que han actuado ilícitamente. Entonces, ¿por qué censurar su expresión política?

La prohibición del financiamiento empresarial a la política difícilmente evitará el dinero negro en ella. Solo lo hará más oscuro. En lo que sí coincido con Gerardo Távara es en la necesidad de dar mayor capacidad a la ONPE para supervisar y sancionar los ingresos y gastos no reportados (o los que no tengan correlato con la realidad) de los partidos políticos. 

Finalmente, y siendo conscientes de lo virtualmente imposible que será un escrutinio 100% seguro de las finanzas políticas, lo que debe enseñar el Caso Odebrecht es la importancia de mejorar la institucionalidad del país para que el poder esté más desconcentrado y, así, pagarle a un corrupto deje de ser negocio. En un país institucionalizado, las carreteras que no tienen rentabilidad social y no superan el SNIP nunca se construyen, así le hayan pagado US$20 millones a un presidente corrupto.