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Los peajes de la discordia, por Enzo Defilippi

“Las presuntas irregularidades no deben llevarnos a creer que los contratos pueden dejar de cumplirse”.

Enzo Defilippi Profesor de Pacífico Business School

Peajes

“Respetar los derechos de los concesionarios tampoco quiere decir no hacer nada”.

Me parece correcta la decisión del alcalde de Lima de iniciar un proceso de evaluación conjunta (con los concesionarios, la contraloría y el MEF) de los contratos de la Línea Amarilla y Rutas de Lima. Si, como creen algunos, esas concesiones tuvieron un origen corrupto, el derecho de los ciudadanos a recibir una compensación no caducará porque le dediquemos unas semanas a tener el panorama más claro.

Como he señalado en varios medios, uno de los vicios originales de estas concesiones es que sus contratos no tuvieron el visto bueno del MEF, tal como exigía la ley. Uno de los concesionarios argumenta que esto no es cierto porque solo debían pasar por este filtro aquellos que involucraban recursos públicos o garantías financieras del Estado. ¿Sí? ¿Y qué entidad pública que no sea el MEF puede verificar si se cumplen estas condiciones? El contrato de concesión de la Javier Prado, por ejemplo, al mismo tiempo que declaraba que las cumplía, comprometía a la municipalidad a construir obras complementarias a su costo y consideraba las multas por no pagar el peaje (recursos del Estado) como ingresos del concesionario. La autosostenibilidad no se determina por declaración.

El ex alcalde Castañeda tiene mucho que responder. Fue en su primera administración que se otorgó la concesión de la Línea Amarilla. En ese sentido, la decisión del presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, de escuchar sus explicaciones a puerta cerrada y luego señalar que son satisfactorias sin explicar por qué, es extraña y sospechosísima.

En el caso de la administración Villarán, su voluntad de otorgar concesiones que no cumplían con el marco legal quedó establecida cuando siguieron haciéndolo luego de dos modificatorias al marco legal de APP que dejaban claro, más allá de cualquier duda, que los contratos que no contaban con la conformidad del MEF eran nulos de pleno derecho. Irresponsabilidad total.

Pero las presuntas irregularidades no deben llevarnos a creer que los contratos pueden dejar de cumplirse. Nos guste o no, estos están vigentes y facultan a los concesionarios a exigir una compensación en caso sean anulados por una causa no prevista. Recordemos que lo único que sabemos hoy es que OAS y Odebrecht financiaron campañas políticas ilegalmente. Si bien la sospecha es razonable, nadie puede asegurar que las condiciones en las que fueron pactados estos proyectos tuvieron relación con este financiamiento. Además, patear el tablero implicaría tener que pagar al contado obras que, respetando los contratos, pagaríamos en 30 años; además de millones adicionales por compensación.

Tampoco es cierto, como quieren hacer creer algunos políticos a ciudadanos desinformados, que anulando los contratos desaparecerán los peajes. Ya se pagaban antes de que las vías fueran concesionadas, y su mantenimiento y expansión seguirá dependiendo de ello sin importar la identidad del concesionario o de si estos terminan revirtiendo al Estado. No es razonable exigir que se construya más infraestructura y negarse a pagar por ella.

Por otro lado, respetar los derechos de los concesionarios tampoco quiere decir no hacer nada. Para empezar, tenemos que descubrir la verdad. Ello implica, entre otras cosas, conocer las tasas de ganancia originales y cómo quedaron luego de las adendas. Curiosamente, esta información parece estar guardada bajo siete llaves.

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