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Periodistas invasores, por Andrés Calderón

“El periodismo y las leyes deben conversar más. Y para ello, es importante pasar del escándalo a la discusión y, luego, al aprendizaje”.

Andrés Calderón Abogado. Profesor de la Universidad del Pacífico.

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"¿En todos los casos se requiere autorización para ingresar a propiedad ajena? Sí, se necesita autorización expresa o tácita, si se trata de un inmueble no abierto al público". (Foto: Lino Chipana)

El bochornoso episodio del lunes pasado, en el que varios reporteros ingresaron a la casa de la recientemente excarcelada Nadine Heredia –sin su permiso y pese a su rechazo–, puso nuevamente a los periodistas bajo los reflectores. 

Quedó claro, felizmente, que la búsqueda de la noticia no da carta blanca a los reporteros para vulnerar derechos fundamentales como privacidad y propiedad privada. Ahora bien, aprovechemos la oportunidad para intentar sacar más lecciones.  

¿En todos los casos se requiere autorización para ingresar a propiedad ajena? Sí, se necesita autorización expresa o tácita, si se trata de un inmueble no abierto al público. Entonces, por ejemplo, ¿podría ingresar un reportero al edificio de un ministerio, o a la tienda de una empresa y hacer grabaciones? El ingreso puede estar permitido (por ser abierto al público), pero el dueño o administrador del inmueble puede rechazar las grabaciones o fotografías. Es él quien define su ámbito de privacidad y cuánto “comparte”.  

¿Y si es una grabación escondida para destapar un delito o un hecho de interés público? Si hacemos memoria, seguramente recordaremos varios casos de reportajes con cámaras ocultas en espacios privados. Distingamos dos supuestos: Uno. Cuando el periodista o el medio no es el que graba sino el que difunde, ellos no tienen responsabilidad por el registro no autorizado, y el interés público protege la divulgación. ¿Recuerdan los proyectos de ley de Bedoya y Velásquez Quesquén que propugnaban penalizar a los periodistas por la difusión de audios de conversaciones –bautizados en su momento como proyectos “mordaza”– y que no progresaron? Bueno, hay uno más en curso, con una tónica similar, del congresista Héctor Becerril (1950/2017). Dos. Ahora bien, la reportera podría ser no solo quien difunde sino también la que graba audios o videos sin autorización previa. Aquí la cosa se pone más complicada. Uno podría decir que la grabación es ilícita si no hubo autorización o si medió engaño para realizarla (por ejemplo, la reportera encubierta que niega serlo o que rechaza estar grabando una conversación cuando es preguntada al respecto).  

Ese fue, más o menos, el criterio que siguió la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en el famoso Caso Food Lion (reporteros de ABC que fingieron ser trabajadores de la cadena de abarrotes para exponer sus malas prácticas con carnes expiradas). Aterrizándolo al Perú, creo que la hipotética reportera podría ser declarada civilmente responsable por la grabación obtenida mediante tretas. Considero, sin embargo, que a nivel legal o jurisprudencial debería considerarse una excepción a esta regla, para aquellos casos en que lo que se registra es un hecho ilícito, de modo tal que la privacidad no sirva para proteger infracciones a la ley. Ojo, una excepción construida y limitada para conversaciones que sí son consentidas pero cuya grabación no ha sido expresamente aceptada por el interlocutor.  

Veamos una variante más. ¿Qué pasa si un reportero ingresa a una propiedad privada y registra imágenes con la venia no del dueño, sino de una autoridad pública? Por ejemplo, los casos de redadas que conduce la policía para capturar a delincuentes, o las inspecciones que hacen los municipios a los restaurantes. En primer lugar, creo que esta práctica consuetudinaria debería tener un soporte legal. Es decir, que se faculte legalmente a los funcionarios a permitir la presencia de los medios en casos de interés público. Pero aun si los funcionarios no contaran con esa potestad, considero que periodista y medio no deberían sufrir consecuencia negativa alguna si procedieron confiando en la palabra de la autoridad. 

El periodismo y las leyes deben conversar más. Y para ello, es importante pasar del escándalo a la discusión y, luego, al aprendizaje.

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