¿Para qué las pidieron?, por Franco Giuffra

Han transcurrido dos meses desde que el Congreso aprobó delegar facultades legislativas al gobierno en materia económica y la verdad es que la orfandad de iniciativas del Poder Ejecutivo da pena. Salvo que el ministro Alonso Segura esté preparando un fin de fiesta macanudo en los 30 días que quedan, todo hace vislumbrar que el plazo de tres meses llegará a su fin con la misma mezcla de insipidez y tibieza con que está discurriendo este quinquenio.

¿Para qué se molestaron en solicitar facultades? Uno hubiera pensado que detrás de ese pedido se había embalsado un torrente de ideas legislativas que ayudarían a destrabar mercados, disminuir impuestos, facilitar el intercambio de bienes y servicios, fumigar la tramitología. Un paquetazo reactivador, digamos, en tiempos de desaceleración. 

Pero lo mejor que el gobierno ha puesto sobre la mesa son las disposiciones para fomentar la compra de viviendas a plazos, vía ‘leasing’ o alquiler-venta, y algunas reasignaciones presupuestales. Mucha lata para tan poco atún. ¿Es esto lo mejor que tenían en la refrigeradora? 

El partido, sin embargo, aún no acaba y en los días que restan todavía se pueden meter algunos goles. Señaladamente, en materia de reducción o simplificación de trámites, un terreno enorme y pantanoso al que este gobierno no ha querido adentrarse. 

Un caso papayita que se puede acometer en una tarde, con un poco de ambición y empeño, está referido a las resoluciones de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del Indecopi. 

Dice así. Todas las semanas la CEB emite resoluciones que amparan pedidos similares de ciudadanos y empresas contra entidades estatales que imponen barreras irracionales o ilegales. Los caseritos más denunciados son las municipalidades y el Ministerio de Transportes. Hay muchísimos casos que son iguales, todos reclamando las mismas cosas y todas las resoluciones son prácticamente idénticas.

Las quejas no son únicamente de grandes empresas limeñas. Hay denuncias que vienen de provincias remotas, de microempresas, de talleres y de peluquerías. Todas agobiadas por exigencias que no tienen sustento legal o son absurdas. En la gran mayoría de los casos, la CEB acoge los pedidos y da la razón a los privados. Y todos los casos de este tipo que suben en segunda instancia al Tribunal del Indecopi son igualmente ratificados.

Pero estas resoluciones solo alcanzan a las empresas denunciantes. El Indecopi no las puede hacer extensivas ‘urbi et orbi’, a todos los agentes económicos que están en la misma condición. En consecuencia, el mismo pedido, proveniente de cien denuncias distintas, con el mismo contenido, se resuelve cien veces de la misma manera.

Carece de sentido práctico que todas las empresas del Perú tengan que formular la misma denuncia para recibir el beneficio de que no se les aplique la misma barrera burocrática. Lo inteligente sería, siguiendo el principio de que a igual razón debe acompañar igual derecho, que una ley disponga que, en el caso de las resoluciones de la CEB, si algo vale para una empresa, vale igualmente para todas.

Esto se traduce en una norma de un solo párrafo que se puede implementar al día siguiente. No es algo que va a incrementar el PBI, pero es un alivio para los millones de peruanos que quieren trabajar sin que el Estado los ahogue. Un pequeño regalo que revelaría algo de lucidez para aprovechar las facultades especiales que el gobierno pidió, aparentemente sin saber qué hacer con ellas.