El problema de la reconstrucción, por Iván Alonso

Todos quisiéramos que los daños causados por las lluvias e inundaciones fueran reparados lo más pronto posible. Todos quisiéramos, en realidad, que esos daños no hubieran ocurrido. Lo primero es una manera de expresar lo segundo. Pero no es lo que suele ocurrir, y no es necesariamente lo que debería ocurrir. Apuro no es sinónimo de eficiencia.

Macroconsult ha estimado los daños a la infraestructura del país (en un sentido lato del término) en poco más de US$3,000 millones. Otros han dado cifras mayores. El gobierno asegura que tenemos los recursos para la reconstrucción, sin dejar de lado otros anhelos, como la organización de los juegos Panamericanos. Aquí tenemos que detenernos para hacer una distinción importante. La palabra “recursos” se usa de distintas maneras: como equivalente de “fondos”, pero también (especialmente entre economistas) como equivalente de las capacidades materiales para ejecutar y producir. Quizás no haya escasez de fondos, pero sí de recursos, en el segundo sentido. Siempre hay escasez de recursos. Los ingenieros y las cuadrillas, la maquinaria que se emplean en reconstruir colegios y carreteras en el norte no pueden, al mismo tiempo, emplearse en construir otras obras.

Reconstruir todo con celeridad, más allá de los buenos deseos, no es necesariamente el mejor uso de nuestros recursos. En primer lugar, porque no todo debe ser reconstruido. El proverbial monumento al árbitro de fútbol, si acaso se hubiera caído, no ameritaría ser levantado de nuevo. Una pista de tres carriles puede rehacerse con dos, si el tráfico no justifica el tercero. No toda la infraestructura dañada tiene el mismo valor, el mismo impacto en la vida de la gente, que los hospitales y los puentes (que ciertos puentes, al menos). Habrá que priorizar porque cada obra de reconstrucción compite por los recursos o capacidades no solamente con otras obras de reconstrucción, sino también con otras inversiones, tanto públicas como privadas, que son parte de la vida económica del país y que generan, algunas, mayores beneficios para la sociedad.

La tarea de priorizar es una tarea esencialmente política. Aun para un creyente en un estado minimalista, es difícil pensar que el sector privado pueda dirigir la reconstrucción. Puede dirigir la ejecución de las obras, quizás, pero las prioridades las deben fijar las autoridades elegidas. Eso no significa que las fijen arbitraria o impulsivamente, como suelen actuar los políticos, sino que las decisiones sobre lo que debe o no debe reconstruirse y la secuencia en la que deben ejecutarse las obras involucran, además del cálculo de beneficios y costos, una valoración subjetiva de las urgencias y carencias de distintos grupos de población. Sólo el poder político puede hacerse responsable, en última instancia, de esas decisiones.

El proceso no debería ser muy diferente del que se sigue para elaborar el presupuesto de la república. Suponemos que, terminadas las lluvias, el presidente se reunirá con sus ministros para escuchar cuáles son las necesidades de cada sector, sopesarlas y asignarles las partidas que considere apropiadas. Los ministros sabrán qué delegar en los gobiernos locales o regionales. El ministro que no se sienta en condiciones de ser su propio zar de la reconstrucción no debería estar allí, porque ésa es la tarea que le impone el momento.