El problema no es Uber, por Andrés Calderón
El problema no es Uber, por Andrés Calderón
Andrés Calderón

Jefe del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico

Querida lectora, ¿qué le da más seguridad a usted en un taxi: ver los datos de su taxista en su celular y que su ruta pueda ser monitoreada por GPS, o un rectangulito amarillo de 35x15 cm con el logotipo y la razón social de la empresa en la parte lateral del carro? Querido lector, ¿qué control de calidad le genera más tranquilidad: su propio análisis y el de decenas de personas que, como usted, pueden calificar y hacer pública su opinión sobre el servicio brindado por un taxista, o el de un burócrata en una oficina de la Municipalidad Metropolitana de Lima que luego de poner un sello nunca más volverá a saber del taxista al que autorizó a transitar? 

Si usted escogió las primeras alternativas de las preguntas planteadas, entonces, amable lector, pensamos parecido, y preferimos pedir un taxi de Uber, Easy Taxi, Taxibeat o la siguiente empresa que ingrese al mercado, que parar uno en la calle.

Me aventuro a pensar que la gran mayoría de personas apreciamos el considerable incremento de calidad y seguridad en el servicio que han traído estas compañías, y que seguramente estaremos de su lado en la naciente “guerra de los taxis” que ya llegó a nuestras costas.

Los taxistas ‘tradicionales’ han empezado a protestar públicamente contra estas compañías como ha sucedido ya en varios países como Estados Unidos, España y Colombia, buscando que las autoridades prohíban su funcionamiento. La razón que declaran para basar su reclamo es la informalidad de dichas compañías. ¡Qué tal raza!

Tiene algo de asidero, no obstante, lo que afirman los taxistas ‘vintage’. Estas nuevas compañías, “formalmente”, no brindan servicios de taxi. Se caracterizan a sí mismas como empresas de intermediación que, a través de una aplicación, ayudan a contactar a conductores con pasajeros. Bajo este esquema, no necesitan pedir licencia a los municipios como empresas de “taxi remisse” ni pintar sus carros de amarillo ni seguir alguno de los absurdos y desfasados requisitos recopilados en un TUPA. ¡Qué descaro!

El año pasado, en una muy buen resolución, el Indecopi validó este esquema empresarial y concluyó que Easy Taxi no hacía competencia desleal, pues, al no dar servicios de taxi sino de intermediación, no violaba ninguna norma. Intuyo que, en el fondo, sí sabían que estas empresas estaban esquivando la ley, pero también que su cumplimiento era demasiado absurdo y desincentivaría lo mejor que le ha pasado al transporte público en muchos años, y por eso no las sancionaron.

La Municipalidad del Callao, en cambio, se quedó mirando el árbol y multó recientemente a conductores de Uber y ha prohibido que ingresen al aeropuerto Jorge Chávez. ¿Quiénes ganan con esto? Las compañías ya posicionadas en el aeropuerto y los informales que seguirán al acecho. ¿Quiénes pierden? Los consumidores.

Hace unas semanas, a raíz de la famosa frase “un poquito de contrabando” del presidente Kuczynski, escribía en esta columna que no nos viene mal un poquito de informalidad, cuando esta nos sirve para demostrar los males de una regulación probablemente anacrónica.

Esto es lo que está pasando con los taxis. Los “informales” Uber, Easy Taxi y otros nos están demostrando lo ridícula que es la regulación municipal. El problema no es Uber. El problema es la ley. 

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