Realidad virtual, por Enzo Defilippi

El fin de semana pasado me quedé pegado a la televisión viendo una miniserie de Netflix sobre el juicio a O.J. Simpson. Se trata de uno de los más famosos jugadores de fútbol americano de todos los tiempos, que en 1994 fue acusado de asesinar a su esposa y a un amigo en Los Ángeles, y que fuese declarado inocente a pesar de la montaña de evidencia forense presentada por la fiscalía. 

La clave para entender por qué fue exculpado es el contexto político del momento. En ese tiempo, Los Ángeles aún no se recuperaba de los terribles disturbios raciales ocurridos tres años antes, en protesta porque un jurado eminentemente blanco exculpó a un grupo de policías, también blancos, de haber golpeado brutalmente a un ciudadano negro. 

La tensión racial fue inteligentemente utilizada por el equipo de defensa de Simpson para pintar su caso como uno de racismo: los policías (todos blancos) que acusaron a su patrocinado lo hicieron porque no soportaban que fuese negro y exitoso (hipótesis que se fortaleció cuando se descubrió que uno de ellos era efectivamente racista). Al final, la realidad virtual inventada por los abogados fue asumida como verdad absoluta por la comunidad negra, y resultó más creíble para el jurado que la versión de los hechos respaldada por la evidencia. 

Como con toda buena historia, múltiples lecciones se pueden extraer de ella. Para mí, la más importante es cómo la causa de la justicia sufre irremediablemente ante el manoseo político de las investigaciones judiciales. 

Esta lección resulta relevante porque la última semana hemos sido testigos de la presión ejercida por diversos congresistas para que la fiscalía comparta con ellos información reservada sobre las investigaciones del Caso Lava Jato. Hasta se ha deslizado la idea de acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación si no lo hace. 

¿Cuál es el afán de los congresistas por conocer información cuya filtración puede entorpecer las investigaciones en curso? ¿Acaso pueden ellos averiguar algo que no pueda descubrir la fiscalía? La respuesta es no, y como ya he señalado en una columna anterior, así lo demuestran los nulos resultados de las comisiones parlamentarias que ya han investigado diversos hechos relacionados con este escándalo. 

El informe de la anterior Comisión Lava Jato, por ejemplo, no dice ni una palabra sobre la coima que pagó Odebrecht para adjudicarse la línea 1 del metro, ni sobre los US$20 millones que le habrían pagado a Alejandro Toledo por adjudicarse la Interoceánica. Tampoco lo dicen los informes de las dos comisiones anteriores que investigaron este mismo proyecto. ¿Cómo argumentar que estas comisiones sirven para descubrir la verdad? 

Si el Congreso quiere investigar los mismos hechos que investiga la fiscalía, bueno, esa es su facultad constitucional. Ya explicarán por qué gastan nuestro dinero en investigaciones que no descubren nada. Pero no podemos permitir que por el afán de algunos políticos de llevar agua para su molino se arme un circo mediático en el que la realidad virtual inventada por quienes temen que se descubra la verdad se confunda con los hechos y la evidencia del caso. 

Quién coimeó a quién para que haga qué, y cómo lo hizo, es la única realidad que debe importar. No perdamos la perspectiva.