Regulación y responsabilidad, por Franco Giuffra
Regulación y responsabilidad, por Franco Giuffra
Franco Giuffra

La tanda reciente de decretos legislativos emitidos por el gobierno ha traído varios aciertos regulatorios que merecen ser destacados. En particular, el , referido al control sanitario y la inocuidad de los alimentos industrializados, es una buena noticia.

En pocas palabras, la norma sienta las bases para eliminar el absurdo registro sanitario que se debe tramitar para la comercialización de productos alimenticios. En lugar de ello, se establece que el control sanitario se realizará a las instalaciones productivas y comerciales, que podrán demostrar su idoneidad a través de certificaciones de buenas prácticas. En el caso de productos importados, se aceptará como válida una certificación similar emitida por el país de origen.

Exigir un registro sanitario a cada producto es una tontería. Se trata de un trámite documentario que puede manipularse presentando productos en buen estado para pasar el escrutinio y luego dedicarse a fabricar basura. Con toda razón, este requisito no existe en los países desarrollados.

En los últimos años, la había llevado este asunto hasta el paroxismo. Para producir galletas de soda, un registro. Si eran saladitas, otro registro. Si en lugar de ocho galletas por paquete se ponían diez, una ampliación de registro. Si no se iban a vender en bolsa sino en cajita, otra ampliación. Todo con su pago correspondiente. Una cosa demencial y diabólica. Yo no pisaba Digesa sin portar un crucifijo.

La historia del registro sanitario es de larga data entre nosotros. Un atavismo que manteníamos invariable por la sola ilusión de que el Estado tenía que controlar algo, lo que sea. Una de esas cosas absurdas respecto de las cuales ninguna autoridad se atrevía a preguntar “¿para qué tenemos este trámite, si no sirve para nada?”.

Una pregunta que debió hacerse, por lo menos, el , a quien sigo puntualmente todas las semanas en sus recomendaciones de eliminar burocracia, reducir carga regulatoria y liberar mercados.

Carranza era ministro de Economía del último gobierno aprista cuando firmó el Decreto Legislativo 1062, en junio del 2008, que aprobaba la Ley de Inocuidad de los Alimentos, el último compendio de regulación sobre estas materias.

¿Y qué disponía en su artículo 12 ese decreto? Que “todo alimento elaborado industrialmente, de producción nacional o extranjera, solo podrá expenderse previo Registro Sanitario otorgado por la Dirección General de Salud Ambiental”.

Claro que el ex ministro no inventó el requisito, pero tuvo la oportunidad de observarlo y cuestionarlo, y no lo hizo. Continuó simplemente con la costumbre de repetirlo, como sucede con los mitos, de regulación en regulación.

Debe ser imposible calcular ahora la cantidad de tiempo, dinero y energía que decenas de miles de personas y empresas habrán dedicado para tramitar sus registros sanitarios desde entonces. Puro desperdicio de recursos en un procedimiento que no tenía razón de ser.

El ex presidente García, por supuesto, es inimputable en estas materias. Porque lo mismo firma un día la nacionalización de la banca y a la mañana siguiente privatiza el Banco Central. Pero Carranza es otro lote. Ahora lo leo en estas páginas cuando pide que todo cambio regulatorio debe ser resultado de un enfoque científico (junio del 2015) y que para ser eficientes hay que preguntarnos siempre si es necesario seguir tal o cual trámite (marzo del 2015).

Son muy buenas ideas. Lástima que no las tuviera a la mano cuando le tocó gobernar.