"¿Cómo lucha contra el terrorismo nuestro “combatiente” Congreso?"
"¿Cómo lucha contra el terrorismo nuestro “combatiente” Congreso?"
Andrés Calderón

Jefe del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico

¿Qué credibilidad puede tener Héctor Becerril hablando sobre terrorismo?

El vocero alterno de Fuerza Popular nunca se ha quedado corto para gritar “¡terruco!”. ¿Recuerdan cuando afirmó que quienes marchaban contra Keiko Fujimori son ? ¿O cuando para vincular a Verónika Mendoza con Sendero Luminoso? ¿Y hace un mes, cuando le dijo a Marisa Glave “tenemos claro q[ue] la agenda del FA es defender a los terrucos del MRTA y d[e] Sendero Luminoso”?

Pues bien, la semana pasada el cazador de terrucos posó alegremente al lado de Pedro Castillo, Édgar Tello y otros huelguistas del magisterio, a quienes el Ministerio del Interior había sindicado como vinculados al Conare-Movadef (brazo político de Sendero Luminoso), exigiendo al Ejecutivo reunirse con ellos, pues eran “los verdaderos representantes” de los profesores.

¿Cómo lucha contra el terrorismo nuestro “combatiente” Congreso? Solo en el último año, se han presentado ocho iniciativas legislativas para imponer nuevas sanciones y agravar las penas a quienes cometan el delito de apología del terrorismo. Pero en 15 años no ha habido ningún sentenciado, como advirtió el general Arteta de la Policía Nacional. No parece ser el camino más eficaz, ¿cierto? Entre el 2012 y el 2013, se promulgaron dos leyes (29944 y 29988) para prohibir que sentenciados por terrorismo laboren en instituciones educativas, pero no atacaron las fallas burocráticas que permitieron que 253 excarcelados ingresaran al magisterio en todo el país sin ser advertidos.

Leyes ineficaces, declaraciones líricas y figuretismo.

Nuestros legisladores no estudian el terrorismo, no identifican nuestras fallas ni plantean verdaderas soluciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no haya un registro de sentencias del Poder Judicial interconectado con las bases de datos de los ministerios de Educación, Interior y gobiernos regionales, para filtrar a los condenados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violaciones sexuales?

Otra. ¿Saben nuestros parlamentarios que en otros países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, la declaración de una organización como terrorista no tiene que esperar hasta el fin de un proceso judicial sino que le compete al Gobierno? Para mayor seguridad y evitar abusos, esto se puede complementar –como sucede en algunos países– exigiendo una confirmación de otro poder del Estado (revisión judicial, o el comité de inteligencia y seguridad nacional del Congreso), e incluso establecer responsabilidades civil y administrativa cuando la calificación se ha efectuado erróneamente de forma dolosa o negligente. Ello permitiría reaccionar rápidamente y establecer restricciones para la contratación o financiamiento de quienes estén afiliados o vinculados a una organización terrorista.

Una más. En el 2012, el fujimorismo presentó un proyecto de ley que creaba una franja televisiva en el canal del Estado para difundir videos, fotografías y mensajes que recuerden las pérdidas humanas y daños causados por el terrorismo. Una buena idea de activismo –mucho más útil que la represión de la apología–, para que niños y jóvenes conozcan de los peligros del terrorismo por si alguna vez se enfrentan ante algún mensaje apologético o negacionista. Pero ni siquiera esa iniciativa avanzó.

En fin, son solo algunas alternativas reales que podrían evaluarse si se quiere trabajar con responsabilidad en el tema.

No necesitamos ejercicios de bufonería de quienes utilizan el término ‘terruco’ a su antojo y cuando hay un riesgo real se ponen de costado (o, mejor dicho, a su costado). Tampoco sirve, a mi criterio, que el Ministerio del Interior haga sonar las alarmas y grite “¡terroristas!”… pero nos pida esperar cuatro días para aportar las evidencias. Ello sin contar con el efecto pernicioso que una prematura revelación podría generar para las labores de seguimiento e inteligencia, si se quiere llevar a los terroristas ante la justicia.

El terrorismo es un problema demasiado serio como para seguir tratándolo con la ingenuidad y torpeza que han exhibido nuestros políticos hasta el momento.