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La Tía es mayoría, por Andrés Calderón

“Un poco de sinceridad no vendría mal, entonces, y Vizcarra y Del Solar podrían transparentar la nueva “institucionalidad”: Las licencias se revocan cuando afectan la popularidad del Gobierno”.

Andrés Calderón Abogado. Profesor de la Universidad del Pacífico.

Martín Vizcarra

"Las razones esgrimidas por el consejo (“la crítica situación social”) no están previstas en ninguna ley y, más bien, terminan por crear una categoría sui géneris de suspensión de un acto administrativo: rechazo popular". (Foto: Presidencia)

“Hay argumentos para retroceder, ya se presentó, vamos a hacerlo pero no es que pueda hacerlo mañana, hay que verlo, pero hay que trabajarlo”. “No podría ahorita salir y decir ‘voy a cancelar’, ¿bajo qué argumento?, tengo que preparar el argumento”.

Salvo que se llame Salvador y apellide Del Solar, cualquier persona que escuche el audio del presidente Martín Vizcarra entiende que el mandatario ofreció a los alcaldes de la provincia de Islay en Arequipa cancelar el proyecto minero Tía María y luego buscar las excusas para “justificar” la decisión.

Como hay quienes gustan de buscar cinco pies al gato, sin embargo, quizá valga la pena desmitificar dos ideas que voceros del Gobierno han tratado de impulsar dentro de este conflicto.

La primera es que el futuro de la licencia de construcción del proyecto minero en Arequipa depende de un órgano autónomo y técnico como debería ser el Consejo de Minería. Pero ni el propio consejo –que, por cierto, forma parte del Ejecutivo– ni el Gobierno han mostrado respeto a la supuesta autonomía.

Además del audio de Vizcarra, basta con revisar la resolución por la que el Consejo de Minería suspende la licencia de Tía María. En primer lugar, se admite el recurso de revisión interpuesto por el gobernador regional Elmer Cáceres. Cualquiera que ha trabajado en tribunales administrativos o litigado ante ellos sabe que solo pueden interponer recursos quienes formen parte del procedimiento o tengan un interés legítimo. En este caso: la empresa y los residentes supuestamente afectados. Gobernadores salen sobrando. Por otro lado, las razones esgrimidas por el consejo (“la crítica situación social”) no están previstas en ninguna ley y, más bien, terminan por crear una categoría sui géneris de suspensión de un acto administrativo: rechazo popular.

La segunda idea más expandida pero menos sustentada aun es que Tía María no avanza porque hay oposición mayoritaria. “Si no tiene la aprobación de la población no se da”, en palabras del jefe del Estado.

¿A qué población exactamente se refiere el presidente? ¿A los titulares de las tierras de donde se va a extraer el mineral? Porque ellos ya dieron su autorización. Sin ella, legalmente, no puede haber explotación minera. ¿O a los potenciales afectados en zonas aledañas? Porque la aprobación de un estudio de impacto ambiental presupone que no hay terceros afectados o ya se han previsto las medidas de mitigación y remediación.

Entonces, quizá se refiera a todos los residentes de Islay. Pero, curiosamente, más del 50% de la población de Islay apoyaría el proyecto Tía María, según comentaba Alfredo Torres hace unas semanas en este Diario. También podríamos contrastar las aproximadamente 7.000 personas que han protestado en Arequipa en los últimos días con los 7.150 puestos de trabajo en total para las etapas de construcción y operación de la mina. Sumemos a las familias de esos trabajadores. Y si consideramos los impuestos que pagaría la empresa, y suponemos que una persona se favorece por cada S/1.000 de recaudación, tenemos entonces unos 273.000 beneficiados adicionales por año. Hasta usted y yo, apreciado lector, podríamos ser beneficiarios indirectos de los efectos positivos que generaría este proyecto para el clima de inversiones.

Pero ni trabajadores ni proveedores ni sus familias ni usted ni yo salimos a marchar. Hay un grupo descentralizado de intereses que no se moviliza, pero que no es minoritario. No creo que el argumento de la mayoría sea el que deba resolver si va o no va un proyecto minero, pero tampoco se cumple en este caso.

Un poco de sinceridad no vendría mal, entonces, y Vizcarra y Del Solar podrían transparentar la nueva “institucionalidad”: Las licencias se revocan cuando afectan la popularidad del Gobierno.

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