Torpedo antiburocrático, por Franco Giuffra

En materia de simplificación administrativa, el gobierno de Ollanta Humala fue un fracaso. Las mesas de Produce no produjeron mayor cosa. El Observatorio de Obstáculos que anunció el entonces presidente nunca vio nada. Y la promesa del último primer ministro de combatir la “inaudita demora en los trámites” jamás se volvió a oír luego de su investidura en el Congreso.

El gobierno ppkkausa ha empezado esta tarea de manera más auspiciosa. Empezando por el primer paquete “popurrí”, que trajo alivios diversos como la eliminación de copias del DNI, la facilitación de denuncias policiales y la reducción de papeleos frente al Ministerio de Trabajo. 

Luego siguió la norma que fortalece la capacidad del Indecopi, extiende el beneficio de sus resoluciones antiburocráticas a todas las personas y empresas, y facilita la formulación de quejas contra las entidades públicas.

Otras varias medidas se han sumado al amparo de las facultades delegadas por el Congreso. Entre ellas, el Decreto Legislativo 1271, publicado el martes en el diario oficial, que introduce modificaciones a la ley marco de licencia de funcionamiento.

Varias son las novedades positivas. Digamos, como antecedente, que las municipalidades del Perú son, salvo raras excepciones, los reductos más infranqueables del controlismo antiempresarial. Para decirlo en tono de letanías marianas, son, al mismo tiempo, cuna de la arbitrariedad, reino del “no se puede” y jardín gozoso de la coima.

Contra ellas va dirigido con precisión este decreto legislativo que permite, en primer lugar, la operación de actividades “simultáneas y adicionales” en los negocios establecidos, acordes con la zonificación y que no alteren las condiciones de seguridad. Sin solicitar una nueva licencia. Para que una peluquería venda shampoos, por ejemplo, o una tienda tenga un stand de La Tinka. Cosa que normalmente es perseguida y sancionada por las autoridades locales, que exigen también contar con una licencia adicional para que una bodega pueda tener un terminal bancario corresponsal. 

Una segunda cosa es la reiteración taxativa de los requisitos para obtener licencia de funcionamiento, que además se han simplificado y reducido. No es la primera vez que se hace, puesto que la ley marco vigente ya lo establecía. Pero una revisión de las denuncias ante Indecopi permite comprobar que hay decenas de municipios que incumplen esto y piden lo que les da la gana.

Otra novedad importante está referida a los requisitos de estacionamientos para los negocios. Si un inmueble se construyó como local comercial, por ejemplo, no se le puede pedir ahora más estacionamientos que los exigidos en ese momento. 
La novedad es que a los establecimientos ubicados en zonas de parqueos públicos autorizados no se les podrá exigir parqueos propios. Así como se permite también que los locales que estén obligados a tenerlos puedan cumplir el requisito utilizando parqueos en otras ubicaciones, como una playa de estacionamiento cercana.

Este decreto no entrará en vigencia de inmediato, pues queda a la espera de otra normativa sobre inspecciones técnicas de seguridad. Sí dispone que en 60 días se dicte un nuevo texto único ordenado de la ley de licencia de funcionamiento, un decreto supremo enumerando las actividades afines y complementarias, así como los formatos de las diversas declaraciones juradas que harán el trámite más sencillo.

Es previsible que en ese mismo plazo los defensores del morro burocrático saldrán a reclamar su autonomía municipal para seguir doblegando a los negocios honestos, sobre todo los pequeños, que funcionan en su jurisdicción.