Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec
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Un video que ha estado rodando por las redes muestra a la precandidata presidencial Verónika Mendoza hablando sobre las razones por las que cree que hay que cambiar la Constitución. Una de ellas sería que “necesitamos una nueva Constitución que permita al Estado promover sectores estratégicos de la economía, como la agricultura”. Muy bien. Si le parece arar ese campo, arémoslo. ¿Cómo le ha ido a la agricultura en estos últimos 25 años, comparados con los 25 años previos?

Entre 1968 y 1993 –desde el año que precedió a la Reforma Agraria hasta la entrada en vigencia de la Constitución actual– la agricultura peruana creció 45% en soles constantes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística; esto es, 1,5% al año, en promedio. Entre 1994 y el 2019, el crecimiento fue de 165%, un promedio anual de 4%. En otras palabras, con esta Constitución la agricultura ha crecido tres veces más rápido.

El progreso alcanzado en los últimos 25 años es más impresionante aún si tomamos en cuenta el crecimiento de la población. El valor de la producción agraria, que se había reducido de 560 soles por habitante en 1968 a 430 soles en 1993, medido siempre en términos constantes, tuvo después una notable recuperación, llegando a 910 soles por habitante en el 2019. El Perú produce ahora el doble de comida por persona.

No tenemos datos a la mano para demostrarlo, pero una caída en la producción agraria como la experimentada entre 1968 y 1993 es una calamidad alimentaria. Lo que sí podemos decir es que los índices de desnutrición crónica infantil se han reducido a la tercera parte de lo que eran en 1993. El 39% de los niños de 6 años sufría, por entonces, desnutrición crónica. En el 2018 los afectados eran solamente el 12% de los niños menores de 5 años (una definición ligeramente distinta). Una diferencia similar se observa en cada departamento del país. En el Cusco natal de la señora Mendoza, por ejemplo, pasamos del 40% de los niños de 6 años en 1993 al 14% entre los menores de 5 en el 2018.

A veces se piensa que el desarrollo de la agricultura es un fenómeno exclusivamente costeño, pero no es así. Es verdad que la producción ha crecido más rápido (aunque no mucho más rápido) en los departamentos de la costa que en el resto del país, particularmente en la última década. Pero también es verdad que algunos departamentos de la sierra y de la selva, como Pasco, Apurímac, Madre de Dios y otros, han superado el promedio nacional.

El crecimiento de la producción de los últimos 25 años se debe, en parte, a la extensión de la frontera agrícola, pero mucho más a las mejoras en las técnicas de cultivo y en la productividad de la tierra. El área sembrada aumentó en unas 500.000 hectáreas, pero la hectárea promedio se cosecha ahora dos veces al año. En la mayoría de cultivos, los rendimientos por hectárea han ido subiendo a lo largo del tiempo.

El tractor detrás de estos cambios ha sido la iniciativa privada. Si no hemos necesitado la promoción estatal hasta aquí, ¿por qué habríamos de necesitarla en el futuro? Un cambio constitucional en ese sentido sería contraproducente porque induciría a los agricultores a cultivar los productos favorecidos por las políticas de promoción, no los que el público quiera comprar; y empleando los métodos favorecidos por las políticas de promoción, no los métodos más eficientes.