Según la más reciente encuesta de Ipsos Perú, el 45% de encuestados a escala nacional no está informado acerca de los hechos relacionados en torno al conflicto en Tía María. Si bien es cierto que en esta misma encuesta el 46% prefiere el diálogo primero, un importante 30% de los encuestados cree que se debe decretar de inmediato el estado de emergencia en la zona para restablecer el orden y el libre tránsito y detener a los principales agitadores. El gobierno parece haber hecho eco de este tercio de la población nacional al enviar miles de refuerzos policiales y encargar a los militares garantizar la libre circulación por carreteras y puentes, para restablecer el principio de autoridad en las calles de Islay. ¿Cómo entender este desconocimiento y este apoyo a la mano dura contra el conflicto social?
En otro contexto, cuando las tropas rusas entraron en la península en Crimea en Ucrania, unos investigadores en Estados Unidos les preguntaron a las personas qué acciones debería tomar su gobierno, si debía o no intervenir militarmente. Antes se les había pedido a los encuestados que ubicaran en un mapa dónde quedaba Ucrania. Una conclusión fue que a medida que los encuestados eran menos precisos acerca de dónde está Ucrania, ellos preferían en mayor medida una intervención militar. Los resultados sugerían que a medida que la gente conocía menos acerca del conflicto y el otro se le hacía más ajeno, las élites tenían más opciones de moldear la agenda de debate en términos antagónicos.
Volviendo a la realidad peruana actual, cabría preguntarse si el ciudadano que prefiere el estado de emergencia en la zona del conflicto de Tía María sabe dónde queda la provincia de Islay, si la puede ubicar en un mapa del Perú o incluso en uno de Arequipa. Sería interesante reproducir el diseño anterior y analizar si efectivamente aquellos que conocen menos de este lugar del país son más permisivos al uso de la mano dura y la intervención militar en la zona.
El desconocimiento de casi la mitad de la población (seguro ahora menor luego de los últimos hechos) es terreno propicio para el enfrentamiento por imponer una manera de entender este conflicto. El debate actualmente enfatiza una polarización entre dos grupos: el bando prominero, que incluye al gobierno, la empresa privada y la derecha recalcitrante; y el bando antiminero, que incluye a la izquierda y a los grupos extremistas. Estos términos de debate crean un enfrentamiento entre “nosotros” versus “ellos”. Se trata aparentemente de un enfrentamiento entre dos visiones de país que no se reconocen como un mismo Perú. Cuando los opositores son los otros, es más fácil racionalizar el uso de la violencia, más aun cuando los otros también usan la violencia y matan policías. La justificación es que ellos son los que están equivocados, que son irracionales y que son presas fáciles de dirigentes radicales que los sacan a las calles con tal de detener a la mina y con ello el desarrollo nacional. Ante esta situación el uso de la fuerza militar es una lección de modernidad para hacerles entender que nosotros sabemos qué es lo mejor para el país. Entonces, mientras nos involucremos marginalmente y busquemos menos información acerca del conflicto, será más fácil que diferentes intereses planteen los términos del debate, como en este caso, en forma de enfrentamiento entre dos visiones irreconciliables del país. Si nos compramos ese antagonismo, será luego más fácil para unos que justifiquemos el uso de la violencia o la intervención militar, en lugar del diálogo y la conciliación, como forma de imponer nuestra visión de país a esos otros.