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Más allá de sanción, educación, por Juan Carlos Eguren

La lucha anticorrupción no es posible solo a partir de reformas legales.

Más allá de sanción, educación, por Juan Carlos Eguren

Más allá de sanción, educación, por Juan Carlos Eguren

La corrupción es un mal que aqueja profundamente al Estado Peruano según diversos estudios de entidades especializadas a escala nacional e internacional. En ese sentido, hace dos años Transparencia Internacional, al publicar su Índice de Corrupción Anual, ubicó al Perú en el puesto 83 de un total de 177 países evaluados. 

Según el Banco Mundial, los países pierden en promedio un 4% de su producto bruto interno (PBI) debido a este problema. En el Perú, la contraloría, al 2013, estimó que el costo de la corrupción ascendería a unos 10 mil millones de soles anuales, es decir, alrededor del 2% del PBI. 

Es claro entonces que los costos de la corrupción en un país no son pocos y perjudican a todos los ciudadanos. Esto porque el dinero público, destinado a obras y servicios, queda ilegalmente en manos de pocos. La corrupción es no solo una traba para el desarrollo, sino que deviene en un peligroso fenómeno que desestabiliza el Estado de derecho y la democracia por lo que su solución debe ser abordada de manera frontal, decidida y permanente a través de la reformas legales pertinentes, pero, sobre todo, a través de políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de las personas.

La corrupción tiene un carácter social, transversal, político y cultural, relacionado con la administración del Estado, que implica una descomposición moral en todos los espacios y niveles de la institucionalidad pública. Esta lacra ha sido facilitada por el predominio de regímenes autoritarios de los gobiernos pasados y por una frágil institucionalidad de la sociedad, desconectada de los problemas reales del país. 

Ante la percepción ciudadana, que muestra un grave deterioro de la confianza en la capacidad de la democracia para liderar y luchar eficientemente contra la corrupción, quienes tenemos la responsabilidad en la conducción de los destinos del Estado, desde el Poder Legislativo, hemos decidido hacerle frente a este flagelo.

En ese sentido desde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que me honro en presidir en los dos últimos períodos anuales de sesiones, hemos convocado a los titulares del Parlamento, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y de la contraloría para elaborar una agenda y asumir un conjunto de compromisos contra la corrupción, los cuales implicaron la aprobación de una serie de leyes.

Una de estas normas es aquella que sanciona con cárcel efectiva a los malos funcionarios que incurren en los delitos de corrupción duplicando el plazo de prescripción de los delitos de corrupción y que, en la práctica, constituye una suerte de imprescriptibilidad del delito. Resultaba indignante saber que de 100 condenados por corrupción solo cinco estaban en prisión, mientras los demás tenían pena suspendida.

Sin embargo, más allá de un marco legal, fuerte y drástico en la sanción, consideramos que la lucha anticorrupción no es posible solo a partir de reformas legales, sino sobre todo a partir de la formación de los cuadros burocráticos del Estado en una ética pública. La educación, siempre será, en primer término, la herramienta más eficaz para formar a las personas en valores humanistas y, en consecuencia, forjar una sociedad mejor, sin corrupción, donde todos podamos actuar honesta y solidariamente en la búsqueda del bien común. 

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