(Ilustración: Víctor Aguilar)
(Ilustración: Víctor Aguilar)
Fernando Vivas

Columnistas, cronista y redactor

fvivas@comercio.com.pe

Lobbies de arriba versus lobbies no exactamente de abajo, sino del emprendedurismo informal tirando para ilícito. No estoy ni por los primeros ni mucho menos por los segundos, sino por un fino control político del .

El asunto de la fiscalización de las cooperativas por la , pateado de vuelta a comisiones por , confirma de qué está hecho FP, y más allá de eso, de qué está hecha la mayoría absoluta informal de alrededor del 70% del mercado en el Perú. Las cooperativas, en algunos casos, están siendo usadas para lavar activos. La SBS tiene la capacidad técnica y la voluntad política para prevenir y sancionar eso, pero también podría hacerlo de tal forma que licúe, en nombre de la gran banca, a parte del cooperativismo que abarata y democratiza el crédito para sectores específicos.

Si nos ponemos maniqueos, perdemos todos. Busquemos el fiel de la balanza. Claro que una representación nacional tiene que fortalecer la normativa que permita mantener y ampliar la base del 30% formal, y ese es el sustento técnico del proyecto de la SBS.

Pero ese 30% domina el Estado y la economía, y si no hay fiscalización política y regulación adecuada, los derechos de millones pierden representación. Los bancos, por ejemplo, cobran intereses leoninos en comparación con sus pobres tasas de ahorro. ¿Qué ha hecho la SBS, históricamente, para corregir esa desproporción? Del Congreso debiera venir la presión fiscalizadora para que lo haga.

La izquierda, con principismos antisistema, suele despreocuparse de la fiscalización menuda y de la defensa del consumidor. El fujimorismo lo hace muy eventualmente, pero con el peligroso sesgo de los intereses de una burguesía, en su mayor parte regional, que se debate entre el antirreformismo puro y la velada protección de sus negocios, pudiendo ser estos la minería ilegal, la universidades con fin político y de lucro, el comercio informal.

Pues no nos queda más que presionar para que el Ejecutivo reforme lo que haya que reformar, regule lo que haya que regular, y que el Congreso no lo sabotee con el pretexto de fiscalizarlo. Del otro lado, presionar al Congreso para que asuma una agenda de reforma política, defensa del consumidor, antidiscriminación y actualización legislativa. Sin embargo, en lugar de presionar en estos asuntos esenciales, nos enredamos en el escándalo de la compra de flores en el Congreso y del despido de Lesly Shica, una funcionaria del Midis. Para colmo, los poderes responden destemplados, agravando los errores de partida. Y así se nos va el gobierno, así se nos va la vida.