El espectro de la corrupción ‘feito no Brasil’ recorre Latinoamérica (África y más allá), y acaba de aterrizar en el Perú. Lava Jato ha gatillado una escalada de confesiones que delatan un esquema de corrupción sofisticado: un sistema transnacional de coimas y apoyos monetarios a funcionarios públicos y políticos en pleno ‘boom’ del crecimiento económico y de la inversión en infraestructura del continente. A diferencia de experiencias anteriores, estamos ante una estructura corruptora creada a imagen y semejanza del “modelo económico”. Es decir, capaz de trascender administraciones públicas y tiendas partidarias, legitimando un modus operandi salvaguardado por el poder político y confiando en que la euforia por las macrocifras sea el mejor psicosocial para hacernos de la vista gorda ante los delitos de cuello blanco. Estamos ante una corrupción “en piloto automático”.
En la historia reciente peruana podemos identificar tres modelos de corrupción con distintas implicancias. En los ochenta, el país sufrió la corrupción de partido. El primer gobierno del Apra se caracterizó –entre otros– por el desmantelamiento de los recursos estatales en beneficio privado de quienes portaban el carnet de la estrella (manchada desde entonces). En los noventa, sufrimos la corrupción antipartido. El gobierno fujimorista erigió una camarilla mafiosa que fue potenciada por instrumentos propios de un régimen autoritario –como el espionaje y el chantaje–. Carente de organización política, el poder fue básicamente tomado por élites político-criminales. En el siglo XXI, somos testigos de la corrupción sin partido, que rebasa fronteras y trasciende gobiernos, instalándose cómodamente como parte del ‘establishment’ político y económico.
La corrupción sin partidos se potencia por la debilidad de una democracia que no ha sabido construir las instituciones políticas que la proteja del crimen organizado. La democracia tecnocrática vive obsesionada por “destrabar la tramitología” en beneficio de las inversiones, sin importar que estas puedan aportar tanto cemento como delitos. La práctica de sobornos en licitaciones se naturalizó, al punto de institucionalizarse como divisiones ad hoc dentro de los organigramas de corporaciones privadas. Así se creó un sistema corruptor de funcionarios públicos que gozaba de la complicidad activa o silente de lobbistas, relacionistas públicos, estudios de abogados y hasta de opinólogos. Lo más “inofensivo” consistió en donaciones a aventuras electorales del ‘outsider wannabe’ de turno.
El alcance de cada una de las tres olas de corrupción ha ganado en envergadura. Primero fue el partido con un Estado en crisis (el Apra), luego del Estado en su momento de mayor expansión (fujimorismo) y ahora envuelve al ‘establishment’ en su conjunto (empresas brasileñas). El nivel de arrase ha sido brutal: estamos hablando no solo de funcionarios públicos, sino también de las élites económicas del país (¿acaso Odebrecht no tenía asiento en los gremios empresariales?). El asunto se vuelve desgarrador si incluimos en el análisis a los gobiernos subnacionales. En regiones, la penetración de esta corrupción en piloto automático aprovechó la mayor impunidad y descaro de la política en el interior. ¿Estamos preparados para tentar al menos una respuesta institucional a la corrupción? Las reacciones del gobierno agotan las esperanzas.
