Mañana se cumplirán dos semanas desde que entró en vigor la declaratoria de emergencia que este Gobierno decidió aplicar en Lima y el Callao por 45 días, con el propósito, al menos en el discurso, de contrarrestar el incremento de la delincuencia. Estos días transcurridos han sido suficientes para tener una idea clara sobre lo que realmente se busca con la ejecución de esta medida excepcional y se puede resumir en dos palabras: puro show.
Si todavía tiene dudas, pregúntese, qué de diferente está haciendo la policía en estos últimos días con ocasiones anteriores y cuál es ese trabajo que se está haciendo para combatir realmente la criminalidad.
Lo real es que, hasta ahora, no se ha presentado ningún plan. No se tiene una estrategia. No se ha informado, por ejemplo, cuáles son esos lugares con mayor incidencia delictiva y qué se hará para reducir las cifras de victimización. Tampoco se ha mostrado un avance para que limeños y chalacos sepan si se está utilizando correctamente el presupuesto y si se justifica que esta medida deba ser ampliada.
Lo que tenemos, en buena cuenta, es una puesta en escena a gran escala con una prioridad definida: marketear a un ministro del Interior en cualquier evento que sea posible para así vender la imagen de que están siendo implacables con el crimen.
El ministro Alfonso Chávarry se jacta de haber sido un policía que conoce bien el terreno. Entonces, debe ser consciente de que lo que está haciendo no tendrá un impacto decisivo para mitigar la inseguridad. ¿Por qué mejor no nos dice cuántos de los detenidos en estos días han sido liberados horas después? ¿Qué intervenciones se convirtieron en casos para presentar a la fiscalía?
Desde un inicio, este ministro ha demostrado su afán de protagonismo: en el primer día del estado de emergencia, incumplió una disposición del Tribunal Constitucional de diciembre pasado que prohíbe que los detenidos sean exhibidos en conferencias de prensa. Sin embargo, ahí estaba Chávarry, encabezando una presentación y mostrando él mismo a los intervenidos.
Desde luego, la crisis de la inseguridad ciudadana no se generó en este Gobierno. Se trata de una promesa incumplida hace décadas. El problema está en que solo nos están ofreciendo acciones efectistas como solución. No se ve una política de seguridad seria, menos aún multisectorial, de mediano y largo plazo. Por ahora, lo que hay es un estado de emergencia. La mala noticia para el Gobierno es que, como todo show, este termina. Y cuando se cierre el telón, el público se dará cuenta de que las cosas siguen igual, con la diferencia de que tendrán la certeza de que han sido estafados por los organizadores.