"Aquí hay discriminación de élite hacia grandes mayorías". (Foto: El Comercio)
"Aquí hay discriminación de élite hacia grandes mayorías". (Foto: El Comercio)
Fernando Vivas

Columnista, cronista y redactor

fvivas@comercio.com.pe

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Cuando Alberto Vergara sugirió un pacto político indispensable para entendernos en un próximo gobierno –”no te disolveré, no te vacaré”– no calculó que antes de poner en escena ese acuerdo de gobernabilidad, tendríamos que pasar por otra ordalía. (Parece que corriéramos una maratón hacia el bicentenario y el último kilómetro tiene en realidad muchas millas, alargándose como en una pesadilla).

Pues esas armas letales de la disolución y la vacancia han encontrado su preámbulo en el terreno electoral: los recursos de nulidad de actas electorales, la alegre impugnación del voto ajeno porque, supuestamente, se encuentra en una mesa donde toda irregularidad es vista como fraude. Pero aquí hay algo más que confrontación y desconfianza entre poderes con similar capacidad de hacerse daño ( y Ejecutivo) y de fregarnos a todos en el intento.

Aquí hay discriminación de élite hacia grandes mayorías. Impugnar, en buena medida, es discriminar. No es casual que el sustento legal de los recursos de nulidad se montara con una cruzada corporativa de grandes bufetes de Lima. ¿Por qué digo discriminar? Porque me parece discriminatorio culpar de las extrañezas o irregularidades encontradas en algunas actas (firmas sospechosas, parentelas, muy pocos votos o ninguno para ) a un electorado torvo como su candidato, y no verlos como rasgos previsibles de una polarizada contienda y como accidentes del sistema electoral.

“En la serranía hubo manipulación de los votos”, dijo el abogado de , Julio César Castiglioni, delatando un supremacismo que crepita debajo de la narrativa del fraude. Impugnar votos es tachar a otros. De distintas formas y desde distintos ángulos, varios analistas han apuntado el racismo, el clasismo y la intolerancia que asoma en la campaña. Ahora hay que pensar cómo nos recuperamos de todo ello.

Los primeros antídotos que se vienen a la mente son muy genéricos: el respeto y la confianza. Es indispensable promoverlos antes de pensar en el desarme político de vacancias y disoluciones. Por cierto, el Congreso actual está crispado viendo cómo replantea esa dotación de armas. Es muy previsible que la mayoría apueste a acotar las cuestiones de confianza para hacer más ardua la disolución de su fuero. No sería desarme ni rearme, sino un cambio normativo con incidencia en la forma de confrontación.

Antes de lidiar con eso, ‘no te impugnaré’ debiera ser una invocación a acatar resultados electorales y resolver diferencias sin litigar. Nuestros índices de desconfianza en las instituciones están entre los más altos de la región, eso lo sabemos bien; la tragedia es que tengan a su disposición una sobrepoblación de litigantes. De modo que la invocación completa debiera ser: ‘No contrataré abogados para impugnarte’.

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