El país que no quería reformar, por Carlos Meléndez

A pesar de haberse comprometido con impulsar una reforma política, el Ejecutivo la ha excluido de entre los seis puntos solicitados en su pedido de facultades al Congreso. Como sabemos, las iniciativas de gabinetes anteriores (especialmente el de Zavala) naufragaron y desde el Legislativo se han proyectado modificaciones puntuales, descartando propuestas integrales. Para algunos, este inmovilismo se explica por una “coalición apro-fujimorista-acuñista” (sic) que, buscando su propio beneficio, conduce a una mayor cerrazón del sistema político. Pero la parálisis se palpa, sobre todo, en la incapacidad generalizada para determinar qué hacer, más allá de las peroratas sin sustento de los reformólogos y sus lobbys.

En el Perú, la reforma política seguirá condenada al olvido por ignorancia, más que por aprovechamiento de las élites. Nuestro copete palaciego y congresal no encara sus responsabilidades. Nuestra academia universitaria no arriesga, ni siquiera en sus intervenciones opinológicas. Mientras tanto, en los dominios de las consultorías predomina el “debate” circular. Nadie provee evidencia empírica a la discusión. Tiendo a pensar que se trata de un estado mental nacional compartido, en el que se mezclan conservadurismo y pánico escénico, el que sustrae toda razón para tal nefasta persistencia. Las élites esperan que caiga del cielo un proyecto minero que nos haga crecer dos puntos del PBI, sin resolver las taras estructurales que nos mantienen de espaldas al desarrollo. Si no, pregúntese cuándo fue la última vez que un gobierno peruano hizo una reforma que encauzara nuestro camino a la modernidad. ¿Cuándo?

El “ruido político” que frecuentemente se emplea como chivo expiatorio del ralentizado crecimiento económico se origina, precisamente, en las oxidadas estructuras de la institucionalidad política. El ‘motto’ del último CADE llamaba la atención sobre lo improcedente de perpetuar un modelo en el que política y economía se entiendan y conduzcan como “cuerdas separadas”. Pero así se promueven la mayoría de “reformas” políticas que se ofrecen todos los días: desde el retorno a la bicameralidad hasta la eliminación del voto preferencial. Negados a pensar “fuera de la caja”, la mayoría de reformólogos se ensimisma en tal o en cual modificación constitucional, cuando se necesitan puentes hacia la cancha económica.

La idea de jurisdicciones electorales en torno a clústeres económicos para elegir congresistas rompe la tradición de las “cuerdas separadas”. No es poesía politológica de este servidor, sino fruto de un estudio concienzudo de Macroconsult, encargado por el gobierno de Humala. Este tipo de reforma política sería, también, descentralizadora, compatible con el espíritu que hoy encarna nuestro Ejecutivo provinciano. Dada nuestra calamitosa precariedad política, debemos ser más audaces. Por ejemplo, un sistema de financiamiento de “partidos por impuestos” permitiría transparentar los aportes privados al proselitismo político. Asimismo, se requiere destrabar la burocratización inútil de la actividad partidaria, lo cual se ajustaría mejor a la realidad de nuestros “partidos light”. Es decir, se trata de pensar política y economía en paralelo, no aisladas, para atacar los desafíos de la crisis de representación, centralismo y corrupción que nos lastran.