Vicente Zeballos defiende la facultad del presidente Martín Vizcarra de cuestionar una decisión del Congreso (Foto: Alessandro Currarino)
Vicente Zeballos defiende la facultad del presidente Martín Vizcarra de cuestionar una decisión del Congreso (Foto: Alessandro Currarino)
Patricia del Río

Este martes, cuando el presidente Martín Vizcarra llegó al Congreso para elevar su voz y carta de protesta sobre cómo se estaba llevando el proceso de reforma política, generó más desconcierto que adhesiones.¿Para qué hacer tremenda jugada? ¿Han evaluado el presidente y sus ministros su impacto? En principio todo parece más un globo de ensayo que una estrategia, pero algunas cosas ha conseguido: los ciudadanos han volteado a mirar con mayor interés la reforma, y los congresistas, luego de un primer griterío, empiezan a calmarse y a buscar opciones para no ser nuevamente los malos de la película. Sin embargo, salvo un par de medidas para demostrar que “están trabajando”, es poco probable que los padres de la patria cumplan con las demandas que les ha planteado el presidente. Eso sería presentarse como sumisos, y comportarse como “empleados de Martincito” (‘Vitocho’ dixit). Aceptémoslo, ellos tienen la sartén por el mango: si no les da la gana de trabajar en las reformas que necesitamos para ser un mejor país, no se les puede obligar. Son mayoría. Son más.

¿Por qué tanta sumisión?, se estarán preguntando algunos. Porque aunque Vizcarra lo quiera con toda su alma su gobierno no será el que impulse las grandes reformas. No tiene la fuerza, no tiene la capacidad. Solo un pacto de gobernabilidad hubiera creado ese escenario, pero eso está más lejos que Plutón. ¿Y si plantea una cuestión de confianza y cierra el Congreso? Suena lindo, pero por más que exista el mecanismo constitucional para hacerlo, estaremos ante un hecho complejo, que colocará al presidente en una delicada posición que muchos interpretarán como dictatorial y autoritaria.

Y sí, tal vez nos habremos librado de un Congreso obstruccionista y mafiosón, pero se afectará algo que el presidente no parece estar evaluando: la lucha anticorrupción. El trabajo complicado, pero profesional y dedicado, que lleva adelante el Ministerio Público y el equipo especial Lava Jato requiere del contexto político más neutro posible. Necesita que el Ejecutivo no se entrometa en fueros ajenos. Los fiscales no pueden trabajar bajo el paraguas de un presidente superpoderoso que pretende arreglarlo todo amparado en el apoyo popular.

En momentos como este, en el que están siendo juzgados los hombres y las mujeres más poderosos de nuestro país, no se les puede dar ni un mínimo de espacio para levantar la bandera de persecución política a los que promueven la impunidad. No se puede alborotar el terreno para generar un temblor en el Congreso que repercuta como terremoto en la fiscalía.

Las luchas del Ejecutivo son válidas, pero el presidente se tiene que acostumbrar a que él no será el protagonista de su propio gobierno. Lo serán los fiscales y jueces que ven los casos de corrupción. Lo será una sociedad entera que ve cómo se terminan décadas de privilegio. Eso es lo que hay que cuidar. A veces dejar el protagonismo a otros es la forma más sensata y sabia de ejercer el liderazgo.